Carlos Alemany, referente del desarrollo rural, presentó su carta de renuncia al Consejo del Centro Regional Patagonia Norte con fuertes criticas hacia la administración de Javier Milei, a quien acusó de realizar una «intervención» en el organismo estatal.
El gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, avanzó con el proyecto de reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), proceso que comenzó a forjarse el pasado 28 de marzo. Esta iniciativa, impulsada por el actual presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, un reconocido dirigente de AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), ha generado una ola de críticas y denuncias.
En ese sentido, Carlos Alemany, referente del desarrollo rural, presentó su carta de renuncia con fuertes criticas hacia la administración de Javier Milei, a quien acusó de realizar una intervención encubierta. “No tengo duda de que la ilegal propuesta de reforma estructural que ustedes pretenden llevar adelante bajo el relato mentiroso e hipócrita de ‘modernización’ es el paso inicial para despedir personal altamente calificado, disminuir su infraestructura, cerrar Agencias de Extensión, disminuir programas y proyectos, reduciendo sus presupuestos… y así lograr paulatinamente la destrucción institucional”, escribió.
Sus palabras trascendieron luego de que “nueve de sus diez consejeros/as aprobaron medidas claramente ilegales que merecen una denuncia penal por ser violatorias de la Ley del INTA 20.340/73 y por incumplimiento del deber de funcionario público”.
La carta del ahora exmiembro del Consejo del Centro Regional Patagonia Norte en representación del Consejo Directivo (CD) se dio tras la última reunión ordinaria del organismo, el 28 de marzo. La gravedad de lo sucedido se refleja en la carta de Alemany y en la definición de trabajadores y trabajadoras: “es una intervención encubierta del INTA”.
En la reunión del 28 de marzo, los tres representantes del Poder Ejecutivo y cinco representantes de la Mesa de Enlace votaron a favor de la creación de la Secretaría de Coordinación de Gestión, una nueva estructura que concentrará funciones que actualmente corresponden a la Dirección Nacional del INTA. Esta medida ha sido interpretada por los trabajadores como un paso hacia despidos masivos, el cierre de oficinas de extensión rural, la fusión de institutos de investigación y la transformación del INTA en un organismo al servicio de la Mesa de Enlace, las empresas del agronegocio y el gobierno nacional.
“Sufrimos claramente una intervención durante la reunión del CD de INTA”, definió Julieta Boedo, delegada de ATE, integrante de la Coordinación Nacional ATE INTA. Boedo explicó que, hasta hace poco, se estaba trabajando en una reestructuración que implicaba una reducción de la estructura, pero sin despidos. Sin embargo, «el viernes 28 bajaron del Gobierno un plan similar al que ya resistimos (en 2024). Ese plan estaba escrito, era reducir de 6100 a 4500 (el personal), abrir la puerta descomunalmente a privados y hacer reestructuración de funciones. Siempre hubo presiones en este sentido desde el Ministerio de Economía, cada vez más fuertes desde noviembre. Pasó ExpoAgro y las presiones se acrecentaron», detalló.
“Están quitando funciones que por ley tiene el Director Nacional y las pasan al Consejo Directivo, que se autovotó superpoderes, es un golpe institucional”, denunció Boedo.
La avanzada del gobierno sobre el INTA va en contra de la ley de creación del organismo (21.680, de 1956) y de su modificatoria (20.340, de 1973), que define las funciones de la Dirección Nacional, sobre la que arrasa el plan del Gobierno.
Pese a los despidos suspendidos a fin de 2024 a fuerza de movilización, hubo medidas que sí pudo concretar el gobierno de Javier Milei en función del desguace del organismo, como la anulación de los programas ProHuerta y Cambio Rural, y las desvinculaciones –eufemismo de despidos– de trabajadores vinculados al INTA a través de otras áreas, como Agricultura.
Además, en noviembre, el Ejecutivo comenzó a apuntar a los territorios e inmuebles en los que funciona el organismo. En una de sus conferencias, el vocero y ahora candidato Manuel Adorni habló de un “plan de modernización” con “la venta de edificios y tierras subutilizadas como el inmueble en Cerviño”, que fue subastado en un proceso denunciado por sus irregularidades. Además, hace poco más de un mes cerraron la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires y 41 agencias de extensión en todo el país.
“Por lo pronto quieren destruir las redes comunitarias. Están pensando en otro INTA. En otro país. Las funciones están creadas por ley: la conservación de recursos naturales, promover el desarrollo, la cultura campesina. Es lo que vienen a destruir. En consonancia con el país que quieren. Si sacás personal que con su pensamiento hace ciencia, no hay organismo posible”, planteó Boedo.
