Las restricciones presupuestarias y la falta de actualización en los aranceles ponen en riesgo el funcionamiento de hogares para personas con discapacidad en Argentina, afectando a unas 9.000 personas. Sin los aumentos necesarios, muchas de estas instituciones podrían cerrar en los próximos meses.
El ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei pone en grave riesgo de cierre a 180 hogares para personas con discapacidad en Argentina, lo que afectaría a alrededor de nueve mil personas que viven en estas instituciones. Muchas de estas personas requieren cuidados extremos, como alimentación, higiene y medicación, mientras que otras, aunque más autónomas, también dependen de atención especializada. Estos hogares están sostenidos principalmente por contratos con el Estado, pero debido a la falta de actualización en los aranceles que paga la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), varias de estas instituciones no pueden hacer frente a los costos y están al borde de la quiebra.
Uno de los casos más críticos es el del Instituto Convivir, en la Ciudad de Buenos Aires, dirigido por Sergio Rzonsinski, quien explicó que llevan meses acumulando deuda debido a la escasa actualización de los aranceles. Según Rzonsinski, los aumentos que recibieron fueron mínimos: 1%, 0,8% y 0,5%, lo que resulta muy por debajo de la inflación. Esto ha puesto a la institución al borde del cierre, con una deuda que afecta tanto a salarios de los empleados como a otras obligaciones, como el pago de vacaciones.
Las autoridades de ANDIS, según los testimonios de los directivos de estas instituciones, no respondieron adecuadamente a los reclamos. En una ocasión, un funcionario de segundo nivel los trató de corruptos durante una reunión, lo que empeoró la situación y la relación con el Estado. Ante esta falta de respuesta, las organizaciones están evaluando medidas de protesta, como movilizaciones y demandas judiciales, para intentar frenar la situación que afecta a miles de personas con discapacidad.
Rzonsinski también explicó que, en promedio, se requieren tres millones de pesos al año para atender a cada persona que reside en estos hogares, y un millón y medio para aquellos que asisten en modalidad ambulatoria. Sin embargo, los recursos no alcanzan, y algunas instituciones podrían cerrar en los próximos meses si no reciben un aumento en los aranceles.
Otro caso emblemático es el de Marta Amato, madre de Julio, quien nació con una cardiopatía congénita y, debido a su retraso madurativo y la necesidad de cuidados constantes, se encuentra en el Instituto Convivir. Marta expresó su desesperación por la falta de recursos y pidió a las autoridades que visiten los hogares para ver la realidad de los pacientes y comprender la urgencia de la situación. “Un discapacitado es lo más desprotegido que hay sobre la tierra“, señaló.
Las dificultades que enfrentan estas instituciones no solo afectan la calidad de la atención, sino también el futuro de los pacientes, quienes en muchos casos no tienen familiares que puedan hacerse cargo de su bienestar. En este contexto, el reclamo de las organizaciones es claro: exigen una actualización urgente de los aranceles y una respuesta del Estado para garantizar la continuidad de los hogares y la atención a las personas con discapacidad.
