El vocero Adorni calificó a los trabajadores como “delincuentes” y anunció la desregulación de la empresa que brinda el servicio de rampas en los aeropuertos. Además, se contempla un procedimiento de crisis.
El Gobierno preparó el escenario. El miércoles despidieron a un trabajador de Intercargo, la empresa no respondió al gremio, comienzan asambleas, se producen demoras, y emitieron denuncias penales, acusando a los empleados de tener “rehenes”. El jueves, el conflicto escala: suspenden a otros 15 empleados, anuncian que desregularán el servicio de Intercargo, y en la Casa Rosada aparece el elenco gubernamental: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el encargado de privatizaciones, Federico Sturzenegger, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. Acusan a los trabajadores de ser “terroristas sindicales” y afirman que la PSA reemplazará a los empleados en sus funciones de rampa.
Sin mencionar derechos laborales, condiciones salariales o protocolos de seguridad, el Gobierno emprende un nuevo ataque contra el servicio aerocomercial estatal. La meta parece ser justificar, en el fondo, una futura privatización de Aerolíneas Argentinas, según Edgardo Llano, titular de la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos (APA), quien asegura que estas acciones responden a “una política extorsiva del Gobierno” que pone en peligro la operación de rampas en todo el país.
Todos los gremios aeronáuticos, salvo el de técnicos, mantienen un conflicto salarial sin resolver. El gobierno de Milei se niega a atender el reclamo, con el objetivo de avanzar en la privatización de Aerolíneas y desmantelar el sistema de transporte aéreo. Para lograr el apoyo necesario en el Congreso, buscan generar conflictos con los sindicatos. Incluso amenazan con presentar un procedimiento preventivo de crisis, que podría implicar la reducción de personal.
La PSA y los riesgos de intervención
Los gremios de pilotos y aeronavegantes intentaron explicar el conflicto a los pasajeros, pero la Casa Rosada optó por bloquear estos intercambios con efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), presentando a los gremios como responsables de la situación. Posteriormente, el Gobierno apuntó contra Intercargo, empresa estatal esencial para la carga y descarga de equipaje y la asistencia en tierra.
Luego de que un trabajador fuera despedido, comenzaron asambleas que retrasaron los servicios, lo que fue aprovechado por el Gobierno para enviar a la PSA, bajo la dirección de Bullrich, para “liberar” las operaciones de rampa, obviando los protocolos de seguridad de los aeropuertos. Llano advirtió que permitir a la PSA realizar estas tareas sin la debida capacitación representa “una violación a las normas nacionales e internacionales”, con el riesgo de sanciones y hasta una posible rebaja de categoría para el país.
“Terrorismo sindical”
En una rueda de prensa, Adorni calificó a los trabajadores de “terroristas sindicales“, una expresión grave que en otro contexto podría haber tenido serias implicaciones para los involucrados. “Ningún terrorista sindical tomará de rehén a los pasajeros ni arruinará sus viajes”, afirmó. Adorni continuó diciendo que el Gobierno “no dudará en quitar privilegios y poner fin a la extorsión de estos sindicatos”. Según los sindicalistas, la medida busca beneficiar a Aeropuertos Argentina 2000, de la familia Eurnekian, quienes han mantenido vínculos laborales con Milei.
Sturzenegger, por su parte, contextualizó la decisión dentro de un proceso de desregulación iniciado por el Gobierno, recordando que el año pasado eliminaron regulaciones de precios y rutas. Aseguró que esta nueva medida completa la “desregulación del servicio de rampas”.
Bullrich justificó la intervención de la PSA afirmando que los argentinos “no tienen por qué pagar los sueldos de Intercargo y soportar demoras”. Sin embargo, Llano destacó que, aunque el Gobierno habla de despidos, en realidad son suspensiones, y que las demoras fueron causadas por problemas de check-in de Flybondi, no por medidas sindicales.
Crisis
Este viernes, los gremios de pilotos, aeronavegantes y APA se reunirán nuevamente con Aerolíneas Argentinas. El Gobierno busca que presenten un plan para “sacar adelante” la compañía, lo que Llano considera una medida extorsiva: “Somos representantes de los trabajadores, no la gestión de la empresa”, afirmó.
En cuanto al posible procedimiento preventivo de crisis, Llano lo calificó como una estrategia mediática del Gobierno, que de aprobarse podría reducir indemnizaciones o incluso flexibilizar convenios, aunque sólo si se acuerda con los gremios, tal como establece la ley.
