El Ejecutivo disolvió la UTI, creada tras el escándalo por la criptomoneda promocionada por el propio Presidente en febrero de este año. Consideró que dio «cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada», pero se desconoce el resto de los datos.
El Gobierno nacional dispuso este martes la eliminación la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada hace apenas tres meses para recabar información sobre el criptoactivo $LIBRA, en el marco del escándalo que involucró al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei. La medida fue oficializada a través del Decreto 332/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el jefe de Estado y por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Según señala el texto oficial, la UTI “ha dado cumplimiento a la labor encomendada” por el Decreto 114/25, que en febrero instruyó a la Oficina Anticorrupción a investigar los posibles vínculos entre el Poder Ejecutivo y la promoción del token digital $LIBRA. Sin embargo, ante la pregunta de los medios, una alta fuente del Gobierno dijo que no pueden revelar qué información entregaron porque “es secreta”.
Entre las misiones asignadas por decreto a la UTI estaba también recibir y gestionar los requerimientos del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal relacionados con $LIBRA. ¿Por qué no siguió funcionando para hacerlo? En el Gobierno respondieron que “no llegó ningún pedido importante” y que la fiscalía “pide directo” lo que necesita “a quien considere”.
La UTI fue creada con el fin declarado de investigar la vinculación del Poder Ejecutivo con la difusión de la criptomoneda, luego del escándalo que provocó el derrumbe de la criptomoneda promocionada por Milei, que provocó denuncias ante el Poder Judicial de usuarios que fueron presuntamente estafados luego de que unas pocas billeteras virtuales que controlaban los activos retiraran el dinero y provocaron que el valor del token cayera.
Pese al cierre de la UTI, fuentes judiciales aseguran que la investigación penal continuará en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, donde se evalúa si existieron delitos económicos o conflictos de interés vinculados a funcionarios del entorno presidencial.
Por ahora, no se publicaron informes oficiales sobre las conclusiones de la unidad disuelta. Tampoco se conoce la identidad de los desarrolladores originales de $LIBRA a ni si existieron vínculos directos con funcionarios del actual gobierno.
