Organismos de derechos humanos denunciaron que la medida impulsada por el Ministerio de Seguridad favorece a condenados por crímenes de lesa humanidad y va en contra de las garantías de justicia que se construyeron en democracia.
La organización HIJOS Capital expresó su rechazo al plan del gobierno nacional de trasladar a 19 represores actualmente presos en Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo, un establecimiento que no cumple las condiciones de una cárcel común. El pedido fue presentado por el Servicio Penitenciario Federal, que depende de la ministra Patricia Bullrich, y ya fue enviado a los tribunales que supervisan las condenas. Entre los beneficiados se encuentran represores de la ESMA y del circuito Atlético-Banco-Olimpo, como Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Luis Donocik.
Para HIJOS, se trata de una maniobra que otorga condiciones de privilegio a condenados por delitos de lesa humanidad, bajo el pretexto de aliviar la sobrepoblación carcelaria. Denunciaron que los pabellones donde se encuentran estos detenidos en Ezeiza no están superpoblados y que el gobierno busca reinstalar una política de impunidad. “Nunca pedimos venganza, pero sí justicia. Y la cárcel común es parte de esa justicia”, afirmaron en un comunicado.
La Unidad 34 de Campo de Mayo ya aloja a más de 50 represores y había sido reactivada con ese fin durante el gobierno de Mauricio Macri. Según organismos de derechos humanos, no se trata de una prisión sujeta al régimen penitenciario general, por lo que su uso contradice normas internacionales como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que prohíbe beneficios especiales a los responsables de estos crímenes.
