Organismos de derechos humanos denunciaron un nuevo episodio de hostigamiento estatal luego de que el Ejecutivo reclamara levantar las medidas de protección internacionales que resguardan a la dirigente social.
El Gobierno de Javier Milei solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deje sin efecto las medidas provisionales que desde 2017 protegen a Milagro Sala, con el objetivo de que abandone el arresto domiciliario y regrese a una cárcel común. La decisión fue leída por organismos y defensores como un acto de persecución política y un retroceso en materia de derechos humanos.
La solicitud fue comunicada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, que sostuvo que Sala cuenta con una condena firme y que la prisión domiciliaria constituye un “beneficio indebido”. Desde el Ejecutivo también rechazaron las denuncias de hostigamiento judicial, pese a que la Corte-IDH había advertido que la dirigente se encontraba en una situación de “extrema gravedad y urgencia” debido a su estado de salud, razón por la cual ordenó una medida menos lesiva.
Abogadas y organismos que siguen el caso recordaron que la Corte Suprema de Justicia avaló en su momento la aplicación de la decisión interamericana y que Sala ya cumplió más de dos tercios de la pena computada por la justicia jujeña, lo que incluso la habilitaría a acceder a la libertad condicional. Además, señalaron que el deterioro físico de la dirigente se profundizó en los últimos años, con internaciones recientes y tratamientos médicos que no puede realizar en Jujuy.
El pedido oficial se produjo luego de episodios denunciados como intimidatorios, entre ellos intentos de control judicial durante internaciones médicas en La Plata y presiones para forzar su traslado a Jujuy. Estas situaciones fueron informadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reiteró la obligación del Estado argentino de garantizar la vida, la integridad personal y la salud de Sala.
Para las organizaciones de derechos humanos, la ofensiva del Gobierno busca reinstalar una lógica punitiva selectiva, utilizando un lenguaje estigmatizante y desconociendo compromisos internacionales asumidos por el país. Advirtieron, además, la doble vara del discurso oficial: mientras se reclama cárcel común para Sala, la mayoría de los condenados por delitos de lesa humanidad permanece en prisión domiciliaria, sin cuestionamientos semejantes por parte del Ejecutivo.
