La decisión del Gobierno de impedir a los bancos financiar los salarios de empleados públicos genera preocupación entre sindicatos estatales y trabajadores, ante la posibilidad de retrasos en el cobro de más de 700 mil agentes, y enciende alarmas sobre un universo de 3,5 millones de empleados de provincias y municipios en todo el país.
El anuncio gubernamental de prohibir a los bancos financiar los salarios de empleados públicos ha provocado una fuerte reacción por parte de los sindicatos estatales. Se ha advertido sobre posibles retrasos en el pago de más de 700 mil trabajadores de la administración central, generando preocupación en un universo que abarca a 3,5 millones de empleados de provincias y municipios en todo el país. Esta medida, mencionada la semana pasada por el vocero Manuel Adorni como parte de las nuevas restricciones debido al estancamiento en la aprobación de la ley ómnibus, se suma a la reducción de horas extras ordenada por la Jefatura de Gabinete, afectando a los salarios más bajos del sector público, y a los recortes iniciados con la cancelación de contratos.
La comunicación A7674 del Banco Central, que limita los adelantos de las entidades financieras a organismos públicos, universidades nacionales y otros entes no privados, dificultará el pago de salarios en tiempo y forma para empleados públicos, docentes, profesionales de la salud y otros trabajadores. Legisladores de la oposición y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) han señalado que esta medida impactará tanto a nivel nacional como provincial y municipal, al complicar la capacidad de los entes estatales para obtener financiamiento a través de los bancos para cubrir sus obligaciones salariales mientras esperan los fondos del Tesoro nacional.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, destacó que la primera línea afectada incluye a empleados de organismos estatales, docentes universitarios y personal de las Fuerzas Armadas, sumando al menos 716 mil trabajadores. Sin embargo, la preocupación se extiende a los municipios y provincias que enfrentan dificultades similares en el pago de sueldos este mes, afectando a un total de 3,5 millones de personas.
La normativa del Banco Central, según Aguiar, parece favorecer a grandes entidades financieras en detrimento de las más pequeñas, lo que podría tener un impacto negativo en los empleados públicos. Además, denunció que esta medida podría beneficiar a los grupos financieros que han impuesto condiciones desfavorables a trabajadores y jubilados.
La semana pasada, Adorni había anticipado la decisión de no extender la autorización para que los bancos financien al sector público en el pago de salarios, en el contexto de restricciones del Estado nacional a los distritos debido a la demora en la ley ómnibus. Esto refleja una presión adicional sobre los gobernadores, indicando la continuación del ajuste en las cuentas públicas si la situación no cambia.
