La Sala Contencioso Administrativo Federal N° 7 exige al Ministerio de Capital Humano retomar la entrega de alimentos a comedores y merenderos. Pettovello y Milei solicitaron a la Corte Suprema la revocación del fallo, argumentando una indebida intromisión del Poder Judicial.
Llegaba el fin de semana y se conoció la noticia: la Justicia ordenaba al Ministerio de Capital Humano retomar los planes vigentes de seguridad alimentaria “de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna”. Esto significa que la ministra Sandra Pettovello debería reactivar la entrega de alimentos a comedores y merenderos, sin importar si pertenecen o no a organizaciones sociales. Así lo decidió la Sala Contencioso Administrativo Federal N° 7, bajo la dirección del juez Walter Lara Correa.
La decisión judicial fue consecuencia de una acción colectiva impulsada por el dirigente Juan Grabois, a través del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), para que la ministra cumpliera con los convenios de entrega de alimentos que había suspendido, alegando irregularidades en el listado de merenderos y asociaciones receptoras.
La medida judicial obliga al ministerio a distribuir los más de 5 millones de kilos de alimentos que han permanecido durante semanas en los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social.
Sin embargo, el gobierno se muestra obstinado en no ceder en este asunto. Recientemente, se presentó un escrito a la Corte Suprema de Justicia solicitando la revocación del fallo judicial. Este escrito no solo lleva la firma de la ministra Pettovello y del presidente Javier Milei, sino también del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, ex integrante de la Corte y ministro de Justicia durante el gobierno de Carlos Menem.
Los argumentos presentados por Barra se basan en la controvertida afirmación de que el Poder Judicial no puede intervenir en decisiones del Poder Ejecutivo, como la distribución de alimentos. Argumenta que hay “una indebida intromisión del Poder Judicial” y que el fallo se inmiscuye en “cuestiones políticas no justiciables”, violando “claramente el principio de división de poderes”.
Cabe destacar que, en una instancia anterior, el juez Sebastián Casanello, la Cámara Federal y finalmente la Cámara de Casación fallaron de la misma manera. Así, el gobierno sigue dilatando un tema urgente, considerando que se trata de alimentos destinados a paliar las necesidades de sectores carenciados, y que además corren el riesgo de vencerse o deteriorarse.
