En respuesta a la denuncia de la legisladora Victoria Montenegro, el juez Ariel Lijo resolvió que el Estado debe asegurar personal capacitado y mantenimiento en los sitios de memoria de la ciudad, afectados por los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Milei.
El juez federal Ariel Lijo resolvió que el Estado debe garantizar la continuidad de los sitios de memoria en la Ciudad de Buenos Aires, ante los riesgos que presentan los recortes y despidos en la Secretaría de Derechos Humanos. Esta decisión se tomó a raíz de una presentación realizada por la legisladora Victoria Montenegro, quien denunció que las medidas del gobierno nacional amenazan la preservación de estos espacios clave para la memoria de la dictadura militar.
Montenegro celebró la decisión judicial, subrayando que se dio en un contexto en el que el gobierno del presidente Javier Milei y su ministro de Justicia, Alberto Baños, lanzaron una serie de ataques contra los organismos de derechos humanos, provocando despidos masivos y poniendo en peligro el funcionamiento de los sitios que recuerdan los crímenes de lesa humanidad.
La resolución de Lijo establece que la Secretaría de Derechos Humanos debe asegurar la presencia de personal capacitado en los cinco sitios de memoria de la ciudad, entre los que se encuentran los antiguos centros clandestinos de detención de la ESMA, el Olimpo, el Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos. Además, se ordena que se realicen tareas de mantenimiento y conservación en estos lugares, que han sido severamente afectados por los despidos y la falta de personal.
Uno de los puntos clave de la resolución fue la instrucción para preservar los archivos y acervos generados a lo largo de los años, que son fundamentales para la investigación histórica y pedagógica. Algunos de estos sitios, como el Olimpo, perdieron hasta la mitad de su personal, lo que afectó las actividades de conservación, investigación y coordinación con las escuelas.
La ley de Sitios de Memoria (26.691), que exige la preservación de los excentros de detención, establece que estos espacios deben mantenerse no solo como prueba judicial, sino también como lugares destinados a la transmisión de la memoria sobre los crímenes cometidos durante la dictadura militar.
El fallo de Lijo fue respaldado por los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Secretaría de Derechos Humanos, quienes señalaron la importancia de esta decisión en un momento en que el Gobierno busca disminuir el financiamiento y recortar los recursos destinados a las políticas de memoria.
El conflicto con la Secretaría de Derechos Humanos no es nuevo. En varias ocasiones, el juez Lijo intervino para frenar el desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia impulsadas por el gobierno de Milei. En noviembre pasado, Lijo había solicitado informes a Baños sobre las medidas de protección del Archivo Nacional de la Memoria, ante la posibilidad de que el Gobierno pusiera en riesgo la documentación clave sobre las víctimas del terrorismo de Estado.
Además, diversas voces en el Congreso Nacional han pedido la comparecencia de Baños y su colaborador Mariano Cúneo Libarona, en relación con los despidos masivos y la degradación de las políticas de derechos humanos. El diputado Eduardo Toniolli destacó que los despidos son parte de una estrategia del Gobierno para reescribir la historia, aludiendo a su acercamiento a sectores negacionistas de la dictadura.
El fallo de Lijo representa una victoria en la lucha por preservar la memoria histórica, mientras que las críticas hacia el gobierno nacional se intensifican ante la creciente destrucción de los avances en materia de derechos humanos.
