En un nuevo avance de su «plan motosierra», el gobierno de Javier Milei oficializó la disolución, transformación y fusión de 21 organismos estatales. La medida, que impacta en áreas clave como salud y transporte, reasigna competencias a los ministerios y pone en vilo el futuro del personal, marcando un fuerte ajuste en la estructura del…
El Gobierno nacional dio un paso más en su «plan motosierra» al oficializar este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de diversas áreas. La medida, publicada en el Boletín Oficial N° 35.702, afecta a dependencias vinculadas a la salud, el transporte, la agroindustria, la industria y la seguridad vial, entre otras, en lo que representa un nuevo avance en el desguace del Estado impulsado por la administración de Javier Milei.
Según lo dispuesto, las competencias esenciales de los entes eliminados serán reasignadas a los ministerios y secretarías correspondientes. Es importante destacar que, por el momento, el personal de estos organismos conservará sus cargos hasta que se dicten las nuevas estructuras, lo que genera incertidumbre sobre el futuro laboral de miles de empleados públicos.
Entre los organismos disueltos se encuentran la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el fideicomiso FONDEP, las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas, entre otros. La justificación para algunas de estas eliminaciones, como la del Instituto Nacional de Medicina Tropical, se basa en la superposición de funciones y la supuesta falta de resultados concretos.
Otros organismos no fueron directamente eliminados, sino que sufrieron transformaciones y fusiones. El Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), por ejemplo, pasarán a ser unidades organizativas dependientes de ministerios. La CNRT se reconvierte en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte se transformó en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con sus competencias limitadas exclusivamente a la investigación aeronáutica.
Una de las novedades es la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, el INAREPS y el hospital de salud mental Bonaparte. El objetivo declarado de esta nueva entidad es optimizar recursos y fortalecer las capacidades asistenciales de estos centros de salud.
Según los considerandos del decreto, las medidas se adoptaron tras un diagnóstico que, afirman, detectó un «incremento desproporcionado de estructuras y personal en los organismos descentralizados», que habrían pasado de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024. También se argumentó la identificación de «irregularidades administrativas, falta de control interno o duplicación de funciones» en algunos casos.
Las funciones esenciales y las plantillas de personal de los organismos afectados serán absorbidas por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, la ANMAT o las secretarías de Agricultura, Industria y Transporte, según la especificidad de cada área.
Además de las reestructuraciones administrativas, se dispuso que los bienes inmuebles y vehículos que queden sin uso serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su posterior reasignación o venta. Asimismo, las sumas líquidas disponibles de los organismos disueltos pasarán directamente al Tesoro Nacional.
El Ejecutivo le ordenó a los ministerios involucrados a presentar en las próximas semanas las propuestas para adecuar las estructuras organizativas que asumirán las competencias reasignadas y, de esta manera, asegurar la continuidad de los servicios públicos que brindaban los entes ahora eliminados o transformados. La decisión genera un amplio debate sobre el rol del Estado y el impacto de estas medidas en la provisión de servicios esenciales para la ciudadanía.
