Un informe de CIICTI y Fedun revela que el gasto para las universidades nacionales es el más bajo en casi 20 años, con recortes que superan el 19% interanual y salarios docentes desplomados, generando un debate sobre la calidad educativa y las prioridades del gobierno.
El financiamiento destinado a las universidades nacionales alcanzó su nivel más bajo en casi dos décadas, generando una profunda preocupación en la comunidad académica y estudiantil. Un informe conjunto del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) y la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) revela que el presupuesto nacional para el sistema público universitario representa solo el 0,50% del PBI, apenas 0,01 punto porcentual por encima de la cifra de 2005 (0,49%) y significativamente por debajo del 0,53% de 2003.
La situación es aún más crítica al observar el panorama general del financiamiento educativo nacional, que se sitúa en un 0,7% del PBI, el nivel más bajo de este siglo y el segundo más bajo de toda la democracia argentina, superado únicamente por el 0,6% registrado en 1992.
“Es el gasto más bajo de América Latina. Le compite palmo a palmo a El Salvador”, advirtió Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Pinazo puso en perspectiva la situación al compararla con Chile: “Chile, que tiene un sistema mayoritariamente privatizado, donde dos o tres de cada diez estudiantes van a la universidad pública, tiene un gasto que casi duplica a la Argentina, donde la proporción es de ocho de cada diez”.
El gobierno de Javier Milei intensificó la «motosierra» sobre el presupuesto universitario. Según el CIICTI, el financiamiento para las universidades nacionales descendió del 0,71% del PBI en 2023 al 0,5% proyectado para 2025. El recorte interanual a mayo de este año asciende al -19,8%. Si se considera la Secretaría de Educación en su conjunto, la caída presupuestaria supera el 47%, mientras que en el área de Ciencia y Técnica alcanza el 45,4%.
Los trabajadores universitarios son los principales afectados por esta política de ajuste. Sus ingresos han sufrido una pulverización significativa. “Los salarios cayeron un 45% desde noviembre del 2023 hasta hoy”, denunció Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA. Carboni añadió que el gobierno actúa de manera “absolutamente unilateral, es decir, sin convocar a paritaria: no hay discusión ni debate entre sindicatos o federaciones y el gobierno”.
Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la cifra de docentes que abandonaron sus cargos ya llega a los 10.000. El propio gobierno nacional admite una rebaja salarial no menor al 35%. El informe del CIICTI detalla que los salarios actuales están 1,7% por debajo de los de 2002, el año posterior a la crisis de 2001, cuando los salarios generales se desplomaron cerca de un 25%.
A la crisis salarial se suma una caída significativa en las Becas Progresar para estudiantes. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2024, el presupuesto destinado a estas becas cayó un 90% en términos reales, con un deterioro del 50% en el valor individual de cada beca.
Mientras tanto, en el Congreso, algunos bloques opositores impulsaron la Ley de Financiamiento Universitario, que busca compensar la pérdida salarial desde diciembre de 2023, reabrir las paritarias y actualizar los gastos de funcionamiento. La iniciativa ya fue aprobada en comisión y existe expectativa sobre su próximo tratamiento.
El gobierno suele justificar estos recortes con argumentos de prioridades y críticas a sectores de ciencias sociales. Sin embargo, el vicerrector de la UNGS disiente rotundamente con esta visión. “Si no hay ciencias sociales que no estén financiadas bajo criterios de mercantilización, nadie reflexionaría, por ejemplo, sobre los peligros de dejar al sistema democrático cooptado por las corporaciones que efectivamente tienen recursos”, señaló Pinazo, agregando que “en ningún lugar del mundo el sector privado hace ciencia cuando el Estado se retira”.
