La medida gubernamental de desregular el mercado de la yerba mate podría provocar aumentos desmedidos en los precios, afectando a los consumidores, pequeños productores y fortaleciendo el dominio de las grandes empresas en el sector.
El gobierno de Javier Milei ha tomado la decisión de desregular el mercado de la yerba mate, eliminando la capacidad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para establecer precios de referencia. Esta medida, que entra en vigor este lunes, abre la puerta a aumentos significativos en el precio de la yerba mate en las góndolas, lo que amenaza a miles de pequeños productores y cooperativas yerbateras, y podría incrementar aún más el costo de este producto básico en la cultura argentina.
Hasta ahora, el INYM jugaba un papel clave en proteger a los pequeños productores frente al poder de las grandes industrias procesadoras, estableciendo precios mínimos durante la cosecha para garantizar que los productores pudieran cubrir sus costos y obtener beneficios. Sin embargo, con esta desregulación, las industrias podrán ejercer su influencia en el mercado para adquirir la materia prima a precios más bajos, en busca de mayores márgenes de ganancia.
El temor entre los productores es que, al iniciar la zafra, su capacidad de negociación sea mínima, lo que permitirá a las industrias ofrecer precios injustos. Esto contrasta con el argumento del gobierno de que la competencia libre generará precios más bajos para los consumidores. Sin embargo, los expertos señalan que esta desregulación solo beneficia a las grandes empresas, dejando desprotegidos a los pequeños productores.
En cuanto a los precios, el último valor de referencia establecido por el INYM fue de 370 pesos por kilo de yerba mate cosechada, pero se espera que con la desregulación, estos precios aumenten considerablemente. Algunas estimaciones sugieren que el kilo de yerba mate podría superar los 6000 pesos en las góndolas.
El impacto de estos aumentos se sentirá principalmente en los consumidores y en los pequeños productores y cooperativas yerbateras, quienes perderán su capacidad de negociación y se verán afectados económicamente. Esta situación evoca recuerdos de la década de 1990, cuando medidas similares llevaron a una crisis en el sector yerbatero, con protestas y manifestaciones de productores. Ahora, enfrentados a esta nueva desregulación, los productores se preparan para defender sus ingresos y resistir el embate de las grandes corporaciones.
