Organizaciones sanitarias denunciaron que el entendimiento con Washington impulsa más monopolios y recorta la capacidad del Estado para evaluar fármacos y tecnologías médicas. También señalaron que se intenta debilitar los criterios de patentabilidad que evitaron costos millonarios al sistema público.
La discusión en torno al acuerdo comercial entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump abrió un frente inesperado en el área de salud. Diversas entidades advirtieron que la propuesta incluye cláusulas que limitan la intervención de la ANMAT, reemplazándola por las aprobaciones de la FDA estadounidense. Según la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), esa delegación dejaría al país con menos herramientas de control y con una mayor dependencia de decisiones tomadas fuera del marco regulatorio argentino.
GEP remarcó que aceptar sin revisión local las certificaciones emitidas en Estados Unidos supone un retroceso en materia de soberanía sanitaria, porque debilita funciones críticas como la evaluación de calidad y seguridad de los medicamentos. La entidad, integrada por activistas y profesionales vinculados a VIH, Hepatitis y Tuberculosis, sostuvo que el esquema favorece una estructura de mercado donde los laboratorios transnacionales ganan margen y los Estados pierden capacidad de proteger a los usuarios.
Otro punto cuestionado es la presión para modificar los criterios de patentabilidad vigentes en Argentina, reconocidos internacionalmente por su rigor técnico. Esos parámetros impidieron durante años la concesión de patentes injustificadas y evitaron prácticas de “evergreening”, lo que permitió ahorros multimillonarios. Entre los casos mencionados figuran el tratamiento antirretroviral Emtricitabina + Tenofovir, cuyo precio cayó de más de ocho dólares por comprimido a apenas centavos, y el medicamento Sofosbuvir para hepatitis C, que redujo su valor de más de 75 dólares a poco más de cuatro.
La fundación también recordó que las guías locales ya habían sido impugnadas por la Cámara de Especialidades Medicinales (CAEME), aunque sucesivos gobiernos defendieron su aplicación. Según el análisis de GEP, el nuevo acuerdo consagra reclamos de la industria farmacéutica extranjera y podría condicionar la producción nacional, tanto pública como privada. De avanzar, advirtió la entidad, el país quedaría expuesto a precios más altos, menor disponibilidad y una estructura sanitaria guiada por “los intereses de un puñado de corporaciones”.
