El diputado se presentó ante la Justicia Federal de San Isidro pero optó por no responder preguntas. Su defensa cuestionó la actuación del fiscal, reclamó que el juez Lino Mirabelli vuelva a conducir el expediente y aseguró que declarará cuando estén garantizadas las condiciones de un proceso «objetivo e imparcial».
José Luis Espert se presentó este martes ante la Justicia Federal de San Isidro para la indagatoria en la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos, pero hizo uso de su derecho a no declarar. La investigación busca determinar el origen de una transferencia por 200.000 dólares que recibió del empresario Federico «Fred» Machado, actualmente procesado en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.
Aunque decidió no responder preguntas, el diputado presentó un escrito elaborado por sus abogados, Julio Pueyrredón y Claudio Lamelas, en el que cuestionó el desarrollo de la investigación y solicitó que el juez Lino Mirabelli reasuma la conducción del expediente, actualmente impulsado por el fiscal Fernando Domínguez.
En un comunicado difundido por la defensa, Espert sostuvo que brindará declaración «cuando estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo», aunque dejó expresamente asentada su intención de responder a la imputación una vez resueltos esos planteos.
Minutos después, el legislador publicó un mensaje en su cuenta de X, la primera publicación en esa red social desde octubre del año pasado.
«Hoy me presenté ante la Justicia, hice cuestionamientos a la investigación del fiscal, aporté prueba relevante y solicité al juez que reasuma la dirección del sumario. Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial, como legalmente corresponde», escribió.
Los argumentos de la defensa
Entre los principales planteos, los abogados sostuvieron que ya existe otra causa con un objeto similar en los tribunales federales de Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, donde desde 2021 se investigan los aportes realizados por Machado a la campaña presidencial de Espert en 2019.
La causa de San Isidro, en cambio, se centra en una transferencia de 200.000 dólares realizada en enero de 2020 a una cuenta en el exterior no declarada, proveniente de la firma Wright Brothers Aircraft Title.
Según Espert, ese dinero correspondió al pago de servicios profesionales prestados para la empresa Minas del Pueblo de Guatemala, mientras que el fiscal Domínguez considera que ese contrato habría sido simulado para justificar el ingreso de los fondos.
Con el objetivo de respaldar su versión, la defensa presentó once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019 que, según sostuvo, acreditan la negociación, firma y ejecución efectiva del contrato que dio origen al pago investigado.
Además, cuestionó el alcance de las medidas de prueba ordenadas durante la investigación al considerar que excedieron el objeto de la causa. En ese sentido, señaló que se revisaron más de seis años de comunicaciones correspondientes a ocho líneas telefónicas, incluidas sus geolocalizaciones, y se analizaron los patrimonios de numerosas personas ajenas al expediente. También criticó que el fiscal librara numerosos oficios sin intervención de la defensa.
El origen de la investigación
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el diputado Juan Grabois, luego de que en el expediente judicial abierto contra Machado en Estados Unidos apareciera un registro contable que consignaba una transferencia a favor de Espert.
De acuerdo con la investigación, los fondos provenían de la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc., señalada por la Justicia estadounidense como parte de la estructura empresarial vinculada a la organización criminal atribuida a Machado.
La declaración indagatoria había sido fijada inicialmente por el juez Mirabelli a pedido del fiscal Domínguez. Sin embargo, la defensa solicitó una prórroga para analizar la reconstrucción de la investigación y la documentación incorporada al expediente. Una vez concedido ese plazo, Espert finalmente compareció ante el juzgado, aunque optó por no declarar.
Ahora, el juez deberá resolver el pedido para retomar personalmente la investigación y decidir si incorpora los testigos propuestos por la defensa, quienes, según el escrito presentado, participaron en los intercambios previos al acuerdo comercial entre Espert, Machado y la empresa Minas del Pueblo.
