Cada mañana, largas colas se forman en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad. Beneficiarios que perdieron sus haberes sin aviso reclaman frente a oficinas saturadas. El gobierno anunció que dará de baja medio millón de pensiones antes de fin de año.
Cada mañana, largas colas se forman en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad. Beneficiarios que perdieron sus haberes sin aviso reclaman frente a oficinas saturadas. El gobierno anunció que dará de baja medio millón de pensiones antes de fin de año.
Frente a la oficina de la (ANDIS), en pleno barrio de Congreso, las filas se extienden por varias cuadras. Personas con muletas, bastones y certificados médicos esperan horas para acreditar lo evidente: que siguen padeciendo las mismas discapacidades por las que recibían pensiones que ahora les fueron quitadas. El trámite, según indican muchos, se transformó en un símbolo de crueldad burocrática.
Por ejemplo, un hombre llamado Martín, de 60 años, perdió una pierna hace más de cuatro décadas y cobra la pensión desde hace diez años. En junio dejó de percibirla sin aviso alguno. “Ahora me piden que pruebe otra vez que me falta la gamba. Es un chiste cruel”, relató. Situaciones similares se repiten con beneficiarios de todo el país que aseguran no haber recibido notificación oficial.
En el Congreso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos detalló la meta del Ejecutivo: reducir de 1,26 millones a 749 mil el total de pensiones por discapacidad antes de diciembre. El ajuste está en línea con el presupuesto 2025 y se aplica mediante la exigencia de nuevas auditorías médicas y trámites que, al no cumplirse en plazo, derivan en bajas automáticas.
Los testimonios recogidos en las filas describen un panorama de humillación y desamparo. Una persona con una malformación congénita en el fémur, mostró radiografías y certificados, aduciendo que no piden limosna, sino el respeto de los derechos. Un hombre de edad avanza llegó con lo justo para el colectivo y relató que su pensión se interrumpió sin explicación: “Entré al banco y no había nada en la cuenta”.
Mientras tanto, el escándalo judicial que involucra al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, acusado de coimas y sobreprecios en medicamentos, profundiza la desconfianza. Para los afectados, la motosierra del ajuste se aplica sin reparar en las consecuencias humanas. “Nos dejan solos, nos roban lo poco que tenemos”, sintetizaron.
