El Gobierno de Javier Milei presentó la Oficina de Respuesta Oficial, una cuenta en redes para desmentir información periodística, en medio de internas políticas y críticas por el uso de recursos públicos.
El Gobierno nacional anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, una iniciativa que funcionará principalmente a través de redes sociales y que, según el propio Presidente, tendrá como objetivo “desenmascarar mentiras y operaciones mediáticas”. La medida fue presentada como una herramienta contra las fake news, pero generó rechazo inmediato de organizaciones de prensa y abrió un nuevo foco de controversia institucional.
Desde Casa Rosada afirmaron que la Oficina no ejercerá censura, sino que aportará una versión oficial frente a informaciones consideradas falsas. Sin embargo, especialistas en libertad de expresión advirtieron que el dispositivo podría derivar en hostigamiento estatal a periodistas y dirigentes opositores, especialmente en un contexto donde el propio Presidente y funcionarios ya protagonizaron ataques verbales y digitales contra trabajadores de prensa.
El lanzamiento coincidió con acuerdos estratégicos firmados con Estados Unidos sobre minerales críticos y tierras raras, una negociación que generó cuestionamientos por su impacto en la soberanía sobre los recursos naturales. En ese marco, sectores críticos señalaron que la creación de la Oficina funciona como una maniobra de distracción para desplazar del debate público decisiones sensibles en materia económica y geopolítica.
La iniciativa también expuso tensiones internas en el oficialismo, particularmente entre el sector que responde al asesor Santiago Caputo y el espacio vinculado a Karina Milei y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La cuenta oficial quedó bajo la órbita del equipo de comunicación digital alineado con Caputo, lo que reavivó disputas por el control del relato gubernamental.
Las primeras intervenciones de la nueva Oficina ya generaron polémica: desmintió artículos periodísticos que luego fueron ratificados por sus propios autores y respondió a expresiones opositoras con mensajes oficiales. Lejos de ordenar el debate público, el debut del organismo profundizó las críticas sobre el rol del Estado como árbitro de la verdad y reavivó la discusión sobre libertad de prensa y uso político de la comunicación oficial.
