A días de anunciar que no reconocerá los resultados electorales, la presidenta llamó a concentrarse en Tegucigalpa “en defensa de la justicia”. El escrutinio, atravesado por demoras e irregularidades, profundizó la crisis política y desató tensiones internas y externas.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó a una movilización popular en Tegucigalpa al advertir que se gestaba un intento de desconocer la voluntad popular y consolidar un “golpe electoral”. El llamado llegó en medio de una crisis abierta por las reiteradas demoras en la publicación de los resultados de las elecciones y luego de que la mandataria anticipara que no reconocerá al gobierno que surja del escrutinio oficial.
En un mensaje público, Castro afirmó que información de inteligencia verificada alertó sobre una agresión contra el orden democrático y pidió que el pueblo se concentre de manera pacífica “en defensa de la justicia, la libertad y la memoria de nuestros mártires”. La convocatoria se inscribió en un clima de creciente tensión política, con denuncias cruzadas, protestas callejeras y episodios de violencia entre militantes de los principales partidos.
Según los datos oficiales difundidos con demoras, el candidato ultraderechista Nasry Asfura, del Partido Nacional, encabezó el recuento con el 40,52% de los votos, seguido muy de cerca por el conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,20%, cuando el escrutinio alcanzó el 99,4%. En tercer lugar quedó la candidata oficialista Rixi Moncada, con el 19,30%. Frente a este escenario, los partidos Nacional y Liberal reclamaron la apertura de un escrutinio especial para revisar cerca de 3.000 actas con inconsistencias.
El pedido contó con el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que exigió resguardar el material electoral y evitar confrontaciones. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, solicitó el despliegue inmediato de fuerzas de seguridad en el centro logístico electoral tras los disturbios registrados en la noche previa. En paralelo, Estados Unidos presionó para que se acelere el recuento, con advertencias sobre eventuales consecuencias ante cualquier alteración del orden público, una postura que el gobierno hondureño leyó como injerencista y que profundizó el conflicto político en curso.
