Un informe de la ONU, respaldado por Amnistía Internacional, concluye que las acciones de Israel en la Franja de Gaza desde octubre de 2023 constituyen un genocidio, con miles de muertos, destrucción masiva de infraestructura y desplazamiento forzado de la población.
Cerca de dos millones de personas en Gaza tuvieron que desplazarse múltiples veces debido a los ataques y la destrucción de sus hogares. Muchas familias recorren largas distancias a pie o en vehículos improvisados, cargando solo lo imprescindible, mientras el acceso a refugios es limitado y los costos de transporte y suministros básicos resultan inalcanzables para gran parte de la población, obligando a muchos a sobrevivir en condiciones extremas.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU determinó que desde el 7 de octubre de 2023 las fuerzas y autoridades israelíes aplicaron una política deliberada de exterminio contra la población palestina en Gaza. El informe documenta asesinatos de civiles, ataques a hospitales, escuelas y lugares de culto, así como la imposición de condiciones de vida insostenibles. Las declaraciones del primer ministro, Benjamin Netanyahu, así como de otros dirigentes, como Yoav Gallant e Isaac Herzog confirman, según los expertos, la intención genocida.
Amnistía Internacional verificó que más del 90% de la población gazatí fue desplazada por la fuerza, mientras que el bloqueo total impidió el acceso a agua, alimentos, medicinas y electricidad. La organización concluyó que Israel actuó con el propósito de destruir total o parcialmente al pueblo palestino de Gaza, configurando un cuadro de crisis humanitaria sin precedentes.
Las cifras de víctimas son devastadoras: más de 65.000 palestinos asesinados, decenas de miles de heridos y la destrucción de viviendas, servicios básicos y hasta la mayor clínica de fertilidad de Gaza, donde se destruyeron miles de embriones y muestras reproductivas. La ONU advirtió que la estrategia militar aplicada equivale a una campaña de tierra arrasada, con ataques directos incluso contra niños y niñas.
El informe responsabiliza a las más altas autoridades israelíes y exhorta a la comunidad internacional a detener la transferencia de armas a Israel, garantizar el acceso irrestricto de ayuda humanitaria y procesar a los responsables. Navi Pillay, presidenta de la comisión, advirtió: “Cuando hay pruebas claras de genocidio, la falta de acción equivale a complicidad”.
