Diputados de la oposición impulsan medidas para aliviar la situación de los adultos mayores con haberes mínimos, mientras el oficialismo y sus aliados cuestionan el posible «impacto fiscal».
La Cámara de Diputados se prepara para un martes decisivo en materia previsional. Un plenario de las comisiones de Seguridad y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda se reunirá a las 13:00 para debatir y firmar dictámenes sobre dos iniciativas clave impulsadas por la oposición: la prórroga de la moratoria previsional y el aumento del bono para los jubilados que perciben el haber mínimo.
La convocatoria al plenario se concretó tras el emplazamiento aprobado por el cuerpo legislativo el pasado 8 de abril, lo que obligó al titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert (La Libertad Avanza), a aceptar la discusión bajo la conducción de la presidenta de la comisión de Seguridad y Previsión Social, Gabriela Brouwer (UCR). Se anticipa un debate con múltiples perspectivas, ya que se esperan al menos tres o cuatro dictámenes provenientes de bloques opositores (Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Democracia para la Siempre), el PRO, La Libertad Avanza, la UCR y la izquierda.
La prórroga de la moratoria, cuyo plazo venció el pasado 23 de marzo, y el aumento del bono actualmente fijado en 70 mil pesos, son las banderas de la oposición, que busca brindar un alivio a los jubilados con menores ingresos. Sin embargo, el oficialismo y sus aliados se muestran reticentes, principalmente por las implicaciones fiscales que podrían tener estas medidas
En la antesala del debate, los diputados de Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal (EF), la Coalición Cívica (CC) y Democracia para la Siempre (DPS) trabajaban para unificar criterios y presentar un dictamen conjunto que abarque ambas demandas.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por La Libertad Avanza (LLA) y el PRO radica en la ausencia del informe de la Oficina de Presupuesto, un documento considerado crucial para determinar el impacto económico de la prórroga de la moratoria y del incremento del bono, que algunos sectores proponen elevar a 115 mil pesos.
En la última reunión de comisión, Brouwer solicitó a Espert que gestione la elaboración de dicho informe por parte de la Oficina de Presupuesto. No obstante, Espert priorizó la evaluación del costo fiscal de la emergencia en discapacidad, postergando el análisis de los proyectos jubilatorios.
En el centro del debate sobre la moratoria se encuentran varios proyectos que buscan extender por dos años la posibilidad de que hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 que no alcancen los 30 años de aportes puedan regularizar sus deudas previsionales. De aprobarse, esto les permitiría acceder a la jubilación mínima, con el correspondiente descuento por el plan de facilidades de pago. Sin esta herramienta, aquellos que no cumplan con los aportes requeridos solo podrían acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) a los 65 años, percibiendo el 80% del haber mínimo y sin derecho a pensión por viudez.
Las iniciativas para prorrogar la moratoria por dos años llevan la firma de los diputados de UP Leopoldo Moreau, Brenda Vargas Matyi y Andrea Freitas, así como de la legisladora de izquierda Vanina Biasi. Además, la diputada de UP Gisela Marziotta presentó un proyecto para extender la moratoria por diez años, aunque su nivel de consenso es incierto.
En cuanto al refuerzo económico, las diputadas de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, y de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, son las principales impulsoras de los proyectos para aumentar el monto del bono.
Finalmente, también se encuentra en estudio una propuesta de la diputada de Encuentro Federal Alejandra Torres y del diputado de Innovación Federal, Agustín Domingo, que plantea establecer una jubilación proporcional basada en la cantidad de años de aportes, garantizando un haber no inferior a la PUAM.
La jornada del martes se presenta como un punto de inflexión para miles de jubilados que esperan definiciones sobre su futuro previsional, en un contexto de creciente preocupación por el poder adquisitivo de sus haberes.
