Una medida cautelar detuvo el Decreto 461/2025 del Gobierno, protegiendo los más de 5.000 puestos de trabajo y la operatividad del organismo encargado del mantenimiento de rutas nacionales.
La Justicia aplicó un freno al intento del gobierno de liquidar Vialidad Nacional a través de una medida cautelar. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 hizo lugar a la medida no innovar que solicitó el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina). Esta decisión ordenó al Estado Nacional abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado del Decreto 461/2025.
El Poder Ejecutivo había dispuesto el cierre del organismo, responsable del mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales y con una planta de más de 5.000 trabajadores en todo el país. Sin embargo, los gremios reaccionaron rápidamente, defendiendo tanto el rol de Vialidad Nacional como las fuentes laborales, tanto en las calles como con presentaciones judiciales.
«El PEN debe suspender medidas tales como traslados, cesantías, pases a disponibilidad, reubicaciones o cualquier supresión de estructuras que afecten a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), protegiendo así la estabilidad laboral de las y los trabajadores del organismo», celebró Sevina en el comunicado donde dio a conocer la novedad. La decisión de la jueza Martina Isabel Forns estableció la vigencia de esta medida por el término de seis meses.
Desde el gremio, también señalaron que la resolución reconoce el carácter autárquico del organismo y la plena vigencia de los Convenios Colectivos de Trabajo N.º 874/07 “E” y N.º 827/06 “E”. Destacaron, además, que «cualquier modificación unilateral de las condiciones laborales constituye una violación a los derechos protegidos por nuestra Constitución y los convenios internacionales de la OIT con jerarquía constitucional (87, 98 y 151)».
Sevina sostuvo que «esta decisión representa un respaldo legal a nuestra lucha gremial y sindical en defensa de la legalidad, la estabilidad laboral y la continuidad institucional».
La presentación de Sevina es muy similar a la acción que llevó adelante el Sindicato Trabajadores Viales y Afines, que lidera Graciela Aleña, aunque en ese caso la causa tramitó en el fuero laboral. Allí, el juez Pablo Candal se declaró incompetente y la derivó al fuero Contencioso Administrativo.
Además, esta semana, Matías Taccetta, intendente de Esquel y con identidad partidaria del PRO, adelantó que convocará a sus pares, los otros jefes comunales de Río Negro, y a cámaras provinciales, para realizar una presentación judicial que solicite frenar la disolución de Vialidad Nacional.
