Un fallo del Juzgado Federal de San Martín dejó sin efecto de manera cautelar la resolución del Gobierno nacional que disponía la baja de cientos de prestaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La medida también protege los puestos de trabajo alcanzados por la reestructuración.
La Justicia federal dispuso la suspensión parcial de la resolución 42/2026, impulsada por el Gobierno nacional, que contemplaba el cierre de más de 900 servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, luego de una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que había advertido sobre el impacto de la medida en el funcionamiento del organismo y en cientos de empleos.
El juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto ordenó que el INTI se abstenga de ejecutar cualquier acto vinculado con la cesación, transferencia o modificación de funciones, así como de realizar movimientos de equipamiento técnico destinados a su traslado o disposición. Además, dispuso que se garantice la continuidad laboral de los trabajadores afectados, manteniendo categorías, salarios y condiciones laborales vigentes al momento de la publicación de la resolución oficial.
La cautelar también obliga a preservar programas de asistencia técnica, certificaciones, ensayos y transferencia tecnológica que forman parte de las tareas habituales del organismo. Desde ATE celebraron la resolución judicial y la definieron como un avance contra los despidos y el desmantelamiento estatal. En el mismo sentido se pronunciaron dirigentes y legisladores de la oposición, que consideraron al INTI una pieza estratégica para el desarrollo industrial, científico y tecnológico del país.
Los trabajadores vienen movilizándose desde abril en rechazo al plan de recortes. Sostienen que la eliminación de servicios comprometería controles vinculados a la seguridad industrial, la calidad de productos, la certificación de procesos productivos y la trazabilidad de instrumentos de medición. Entre otras funciones, el organismo interviene en análisis microbiológicos de alimentos, controles de materiales para la construcción, certificaciones de seguridad eléctrica y ensayos de ascensores, además de tareas vinculadas a la industria aeronáutica, nuclear y energética.
Desde el instituto advierten que la reducción de estas capacidades tendría consecuencias directas para consumidores y sectores productivos. También remarcan que numerosos laboratorios y empresas privadas dependen de los patrones nacionales y de los sistemas de referencia que administra el INTI para garantizar la validez de sus mediciones y certificaciones. Mientras continúa la disputa judicial, la cautelar representa un freno temporal a una de las reformas más profundas impulsadas por el Gobierno sobre el organismo.
