Un fallo judicial obliga al gobierno nacional a resolver en 10 días las solicitudes de medicación para pacientes con cáncer y enfermedades graves, tras confirmar demoras de más de 60 días que ya afectaron a miles de personas.
La Justicia ordenó al gobierno de Javier Milei la entrega de medicación a pacientes con cáncer y otras enfermedades graves tras una medida cautelar dictada por el juez Marcelo Dos Santos. Este fallo responde a una denuncia presentada por organizaciones sociales que brindan apoyo a personas en situación vulnerable. Según el juez, los datos oficiales del Ministerio de Salud contradicen sus afirmaciones sobre la gestión eficiente de los subsidios para medicación. De los 940 expedientes en trámite, 829 superaron los 60 días de demora, y de los 141 casos pediátricos, 119 también exceden este plazo.
La medida fue tomada a raíz de un amparo colectivo presentado por varias asociaciones como la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), la Fundación Entrelazando Esperanza, y otras, en abril del año pasado. Estas organizaciones denunciaron que la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) había ocasionado demoras que afectaron gravemente a los pacientes, incluso provocando al menos siete muertes en los primeros meses de 2024 debido a la interrupción de tratamientos.
El fallo, emitido por el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2, ordena al Gobierno resolver los expedientes administrativos que lleven más de 60 días de retraso en un plazo de diez días y, en un plazo de 20 días, cumplir con los procedimientos legales establecidos para la resolución de todos los expedientes. En su escrito, el juez resalta que, a pesar de las alegaciones del Gobierno de que se estaban cumpliendo los plazos, los datos oficiales muestran un panorama distinto.
El magistrado también refutó la postura del gobierno libertario, que había intentado desentenderse de los casos argumentando que solo tenía responsabilidad sobre tratamientos de alto costo. Esto fue rechazado en el fallo, que subrayó que la DADSE no debe limitarse solo a medicamentos de alto costo, sino que también debe atender solicitudes de medicamentos de costo medio, como en el caso de un paciente que denunció la interrupción de su medicación sin justificación.
La DADSE es el último recurso para los pacientes oncológicos y de otras patologías graves que no cuentan con obra social ni acceso a medicamentos por otros medios. Muchas de estas personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, y la demora en el trámite de sus solicitudes pone en riesgo su salud y vida. Las organizaciones denunciantes explicaron que, al ser rechazadas por las jurisdicciones locales o bancos de medicamentos, la DADSE se convierte en el único medio de asistencia para estos pacientes.
Desde el comienzo de la gestión de Milei, la DADSE sufrió muchos cambios en su estructura administrativa, pasando de depender de la Secretaría de Capital Humano a la de Salud. Aunque algunas solicitudes se resolvieron, muchas siguen pendientes con demoras que afectan directamente a los pacientes. Entidades como la Fundación Solidaridad Cáncer (Fusoca) siguen luchando por los derechos de los pacientes, destacando la gravedad de los casos que continúan esperando respuestas, como el de una mujer diagnosticada con cáncer de ovario que lleva meses esperando su medicación.
El fallo judicial se considera una victoria significativa para las organizaciones que defienden el derecho a la salud, al reafirmar que el acceso a medicamentos esenciales no debe ser obstaculizado por la ineficiencia administrativa ni decisiones políticas que violen los derechos humanos.
