Profesionales de la salud y estudiantes marcharon ayer desde el Congreso hacia Plaza de Mayo en defensa de la salud pública. Exigen salarios dignos, mayor presupuesto y condiciones laborales justas, mientras enfrentan el desfinanciamiento y el riesgo de cierre de hospitales. La Marcha Blanca reunió a médicos, residentes y trabajadores de diversas especialidades y denuncia que sin recursos el sistema de salud pública colapsará, afectando tanto a profesionales como a pacientes.
“¡Atención, atención! ¡Atención, atención! Estamos defendiendo la salud de la Nación”, corean con fuerza los profesionales de la salud que avanzan desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo. La Marcha Blanca, como se la conoce, es en realidad un desfile multicolor: hay delantales blancos, pero también verdes, azules, violetas y celestes. Médicos y médicas de todas las especialidades, algunos con contratos, otros becarios o residentes, y estudiantes que sueñan con seguir sus pasos, se unen bajo un mismo reclamo: salarios justos, más presupuesto y financiamiento, y un freno al ataque contra la salud y la educación públicas.
La Marcha Blanca reúne distintas luchas, pero el reclamo de los residentes atraviesa todas ellas. Desde hospitales nacionales, como el Bonaparte, el Garrahan y el Posadas, hasta los hospitales universitarios como el Clínicas, dependiente de la UBA, los residentes enfrentan despidos, falta de recursos y el constante temor al cierre de sus instituciones. Julieta Guri, residente de Farmacia, advierte que sin ellos, el sistema colapsaría: “El Clínicas tiene unas 600 camas, y los residentes nos hacemos cargo de la mitad. Sin nosotros, queda el 50% del trabajo sin hacer. Es inviable”. Y lo que es peor: muchas residencias están quedando vacantes, ya que el salario es tan bajo que ni siquiera lograron cubrirlas este año.
La marcha avanza bajo un sol abrasador, vigilada de cerca por efectivos de la Policía de la Ciudad, la Federal y Gendarmería, con vehículos rodeando el vallado del Congreso. Vanesa Fauda, jefa de residentes de Nefrología en el Hospital Garrahan, toma la palabra: “Esta movilización es en defensa de la salud y la educación públicas. Fue votada en asamblea por los residentes de todos los hospitales nacionales y de Ciudad de Buenos Aires y Provincia. Nos acompañan también nuestros compañeros del Garrahan, que están dando una dura pelea por salarios”. Vanesa explica que el reclamo salarial es crucial, ya que muchos ni siquiera alcanzan la Canasta Básica: “Los residentes no tenemos ni el plus por especialidad ni por guardias. Estamos lejos de poder sostener nuestras vidas con lo que ganamos”.
Además de la lucha salarial, la marcha hace un llamado a la comunidad. “Invitamos a los pacientes, a la sociedad, a que se sumen. Porque si no hay personal, no hay atención. Si no defendemos la salud pública, los hospitales colapsan”, advierte Fauda. Con la creciente crisis económica, la demanda en los hospitales públicos aumentó drásticamente, y muchos que antes podían pagar una prepaga ahora recurren al sistema público.
En el Hospital Posadas, la residenta de Pediatría Florencia Dos Santos Tomé narra otra realidad alarmante: despidos masivos. Más de 30 profesionales fueron despedidos esta semana, sumándose a los 80 que se quedaron sin trabajo a mediados de año. “Estos despidos nos afectan directamente, porque están despidiendo a nuestros formadores”, señala Florencia. Además, asegura que el hospital se sostiene principalmente gracias a los residentes: “Somos el 75% del personal. Por los bajos sueldos, los médicos de planta se van al sector privado, y eso nos deja a nosotros a cargo. A veces, la guardia queda sólo con residentes”.
Mientras los residentes continúan exigiendo mejoras salariales, el panorama se oscurece. “Los de primer año ganan 700 mil pesos, por debajo de la Canasta Básica, y trabajamos entre 80 y 100 horas semanales”, comenta Florencia. Recuerda cómo, semanas atrás, lograron el anuncio de un aumento salarial de más del 30%, pero la alegría duró apenas unas horas: “Ese mismo día lo dieron de baja, justo cuando renunció el ministro de Salud”.
En tanto, Tomas Alurralde, residente psiquiátrico en el Hospital Bonaparte, marcha junto a una nutrida columna de trabajadores de ese hospital, que lucha contra la amenaza de cierre. “Nos vienen diciendo que no lo van a cerrar, pero la internación sigue cerrada, y creemos que es un plan a largo plazo para desmantelarlo”, señala Tomás. A medida que la demanda crece, la guardia está más sobrecargada que nunca, y el temor a perder el hospital sigue latente.
La incertidumbre en torno al futuro del Bonaparte es un reflejo de lo que ocurre en muchos otros hospitales. “Nosotros atendemos y realizamos el trabajo de cualquier médico contratado, pero también somos parte de la formación académica del sistema de salud pública”, explica Tomás. La falta de financiación en las residencias no sólo afecta el presente, sino también el futuro de la salud pública en Argentina.
Junto a las columnas de residentes, los estudiantes universitarios marchan con la misma convicción. Saben que este reclamo es por el presente, pero también por el futuro de un sistema de salud y educación que no puede permitirse el lujo de ser desmantelado.
