Tras seis meses en disponibilidad, 800 trabajadores de la Secretaría de Niñez y Adolescencia serán despedidos. El gobierno desmantela programas de asistencia social orientados a la comunidad y concentra su política en dos instrumentos particulares: la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.
Los despidos forman parte del desmantelamiento de políticas de asistencia social. Los Centros de Referencia, que antes llegaban a todas las provincias y coordinaban programas comunitarios, fueron cerrados. Iniciativas como cooperativas de trabajo, comedores populares, programas de género y salud, reciclado con inclusión social y urbanización de barrios populares fueron debilitadas o eliminadas. En cambio, la política asistencial se concentra ahora en la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, con un rol limitado, centrado en la transferencia de dinero.
El cierre de oficinas y la suspensión de visitas domiciliarias redujeron la atención a la población a líneas telefónicas colapsadas. Las áreas de asistencia en emergencias y catástrofes también fueron eliminadas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó recursos judiciales para frenar los despidos, aunque la posibilidad de éxito es limitada.
“La situación genera mucha angustia. Esta vez afectaron a trabajadores concursados, con carrera, formación y estabilidad”, señaló Ingrid Manfred, referente de ATE en Desarrollo Social. Recordó que en febrero ya se habían despedido 800 contratados y pasado a disponibilidad a otros 800 trabajadores de planta, bajo el argumento de “optimizar recursos humanos”. En la práctica, no hubo reubicaciones, solo despidos.
Tras la medida, los empleados debieron “permanecer accesibles durante su horario laboral” sin recibir convocatorias ni instrucciones claras. ATE presentó pedidos de reconsideración, de reubicación y proyectos de ley, y espera un amparo judicial, en línea con casos recientes de trabajadores del INTA, INTI y la Secretaría de Agricultura Familiar. Sin embargo, el desmantelamiento de oficinas y programas de Desarrollo Social marca un precedente preocupante sobre la política estatal de asistencia.
