En una sesión clave en Diputados, la oposición busca restringir las atribuciones del Ejecutivo y derogar el decreto que permite renegociar la deuda sin control del Congreso. El oficialismo apuesta a bloquear el quórum y, de no lograrlo, podría clausurar el Senado para mantener el decreto vigente.
El Gobierno está presionando a gobernadores y legisladores en una carrera contra reloj para evitar la sesión especial de hoy en Diputados, donde gran parte de la oposición busca limitar el estilo de gestión de Javier Milei, acusando al Ejecutivo de ignorar las facultades del Congreso. Los bloques opositores que impulsaron la sesión especial (Encuentro Federal, Unión por la Patria, los radicales disidentes de Democracia por Siempre y Por Santa Cruz) resisten la presión libertaria en sus propios espacios y esperan contar con el respaldo de otras bancadas para lograr el quórum necesario y los votos para aprobar dos puntos clave: modificar la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para restringir las atribuciones del Ejecutivo sobre el Congreso, y derogar el DNU 846/24, que permite al Gobierno renegociar la deuda externa sin intervención parlamentaria.
El oficialismo se apoya principalmente en su bloque libertario y aliados cercanos, como el PRO –donde Mauricio Macri pidió no dar quórum hoy– y algunos diputados de gobernadores colaboracionistas. Sin embargo, esto no parece ser suficiente. Si no logran su objetivo, la Casa Rosada podría clausurar el Senado durante el resto de las sesiones ordinarias (que concluyen el 30 de noviembre) para mantener vigente el DNU sobre la renegociación de la deuda y evitar que la reforma a los DNUs se convierta en ley este año.
Cálculos de apoyos
Desde que se solicitó la sesión especial, tanto el oficialismo como la oposición hicieron cálculos sobre sus posibilidades en el recinto de la Cámara de Diputados, hoy a las 15 horas.
La oposición suma sus fuerzas: Encuentro Federal (16 diputados), Unión por la Patria (99), los radicales disidentes (12) y los santacruceños (2), alcanzando justo las 129 bancas necesarias para el quórum y la mayoría para aprobar. A estos se podrían sumar los 5 diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), parte de los 6 de la Coalición Cívica y algunos radicales del bloque de la UCR que expresaron su apoyo a ambas iniciativas. Queda por ver si los disidentes del PRO seguirán la directiva de Macri.
La Casa Rosada, por su parte, cuenta con el bloque libertario (aunque con al menos dos bajas), algunos aliados menores y diputados provinciales, así como gran parte de la UCR, incluyendo cinco “radicales con peluca” que respaldaron a Milei en vetos anteriores. Ayer, el PRO se alineó con el oficialismo cuando Macri pidió a sus diputados no participar, a pesar de que en el pasado muchos presentaron proyectos para modificar la ley de DNU.
Negociaciones y acuerdos
Macri aprovechó la situación para exigir al oficialismo el cumplimiento de acuerdos en favor de gobernadores de su espacio, en medio de una negociación marcada por la desconfianza, donde aún no se definió si habrá un acuerdo electoral para el año próximo. En la reunión participaron el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, la diputada María Eugenia Vidal y gobernadores como Rogelio Frigerio y el chubutense Ignacio Torres.
Aun así, el Gobierno no logra frenar el quórum opositor, por lo que intensificó la presión sobre gobernadores de diferentes signos políticos. Esto incluye a cuatro mandatarios provinciales afines al PJ que se reunieron con Milei, pero cuyos legisladores no cambian los números: los tucumanos de Jaldo son considerados aliados, mientras que los de Salta, Misiones y Río Negro (Gustavo Sáenz, Hugo Passalacqua y Alberto Weretilneck) están en el interbloque Innovación Federal y no forman parte del cálculo de la oposición.
Distinta es la situación de Raúl Jalil, de Catamarca, y Martín Llaryora, de Córdoba, quienes podrían afectar algunos votos de Unión por la Patria y Encuentro Federal. Sin embargo, el ánimo de estos mandatarios está condicionado por la falta de cumplimiento del Gobierno en acuerdos previos, así como por las demandas presupuestarias para 2025 que la Casa Rosada no está dispuesta a negociar.
Plan B: clausurar el Senado
Si el oficialismo no logra bloquear la sesión de hoy, pondría en marcha un plan B: clausurar el Senado para evitar que los proyectos se conviertan en ley antes del 30 de noviembre.
La reforma a la ley 26.122 busca limitar los DNUs, estableciendo que pierdan vigencia si no son tratados por ambas cámaras en un plazo de 90 días y, en caso de ser rechazados por una sola de ellas, queden sin efecto. Milei anticipa que, si se aprueba en marzo del próximo año, podrá vetarla si mantiene el tercio necesario para bloquear cualquier insistencia legislativa.
El DNU 846/24 es la mayor preocupación para Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, ya que le permite al Gobierno renegociar la deuda sin intervención del Congreso. Si el Senado ratifica el rechazo de Diputados, el decreto quedaría sin efecto y el Presidente no podría vetarlo. Esto desmoronaría el plan de Caputo de renegociar sin los requisitos de reducción de capital, baja de intereses y extensión de plazos para el pago de la deuda.
