Con más de 100 mil inscriptos, solo participó el 0,3%. Hubo vallado, restricciones, invitados no registrados y fuertes cruces entre oficialismo y oposición.
La primera audiencia pública en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina por la reforma de la Ley de Glaciares quedó envuelta en cuestionamientos desde el inicio: un megaoperativo de seguridad, acceso restringido y una participación mínima de los inscriptos marcaron una jornada que la oposición calificó como “montada”. Aunque había más de 100 mil anotados, apenas un 0,3% pudo exponer, en un esquema definido por el oficialismo que generó fuertes críticas por su discrecionalidad.
Las tensiones escalaron dentro y fuera del recinto. Diputadas de Unión por la Patria denunciaron que expositores acreditados no podían ingresar, lo que derivó en cruces con autoridades de comisión y discusiones sobre el desarrollo mismo de la audiencia. El clima se volvió aún más áspero cuando se produjeron enfrentamientos verbales entre legisladores y hasta amenazas de agresión física, en medio de interrupciones y acusaciones cruzadas.
Uno de los puntos más cuestionados fue la incorporación de representantes vinculados a empresas mineras que no figuraban en la lista original, mientras que otros inscriptos quedaron afuera. Esta situación alimentó las denuncias de manipulación del proceso y falta de transparencia. También hubo reclamos por los estrictos controles de acceso y el tiempo limitado —apenas cuatro minutos— que tuvieron los oradores para intervenir.
A pesar del contexto, distintas voces —entre ellas Adolfo Pérez Esquivel, Marta Maffei y Daniel Filmus— rechazaron la reforma y defendieron la legislación vigente, alertando sobre el impacto ambiental y el riesgo sobre los recursos hídricos. La jornada cerró con nuevos reclamos por expositores que no pudieron hablar, incluso luego de que se habilitaran intervenciones fuera de agenda que terminaron sin transmisión oficial, profundizando las críticas sobre el carácter restrictivo del debate.
