En los diez días en que quedaron suspendidas las restricciones de la Ley de Tierras, una inmobiliaria ofreció un campo de casi 3.000 hectáreas en Chubut, con lago privado y 16 kilómetros de costa sobre un río.
La decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras abrió una ventana de diez días para operaciones inmobiliarias que la normativa vigente impedía. Durante ese período, entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre, una inmobiliaria rural promocionó propiedades patagónicas entre compradores extranjeros. El caso fue documentado por el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet.
Uno de los avisos ofrecía un campo de 2.943 hectáreas en Alto Río Pico, Chubut, con un lago privado y 16 kilómetros de costa sobre un río. La cuenta de Instagram de la inmobiliaria, identificada como Loma Alta Propiedades, fue creada tres días antes del fallo y publicó la oferta al día siguiente, en español y en inglés. El 3 de octubre, la firma reforzó la promoción con un mensaje explícito: “Volvió el interés extranjero por el campo argentino”.
El relevamiento también detectó que la inmobiliaria ofrecía contactar a los interesados con abogados y escribanos para asesorarlos sobre las condiciones legales de las compras, incluso en zonas de frontera. Las publicaciones comenzaron a desaparecer después de que el Observatorio documentara las ofertas. Hasta el momento, no se confirmó que alguna operación se haya concretado, pero el episodio plantea interrogantes sobre el alcance práctico de la decisión judicial y sus consecuencias sobre el territorio.
La identidad comercial de Loma Alta Propiedades también genera dudas: no aparece registrada con ese nombre. En publicaciones de Zonaprop figura como responsable de las operaciones el corredor inmobiliario Martín Gough, mientras que el Observatorio encontró su nombre en el Boletín Oficial de Chubut como integrante de otra inmobiliaria. Para los investigadores, la coincidencia entre la creación de la cuenta, el fallo y la publicación de los avisos muestra que la firma seguía de cerca los movimientos judiciales y legislativos.
El riesgo de consolidar operaciones en zonas protegidas
El informe advierte que la suspensión temporal de las restricciones pudo haber permitido consolidar derechos de propiedad de capitales extranjeros en territorios alcanzados por la Ley de Tierras. Esa norma, sancionada en 2011, establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales y contempla restricciones específicas para zonas de seguridad de frontera y territorios con recursos estratégicos.
“No sabemos si efectivamente se llevó adelante una operación. Lo que vemos es que la inmobiliaria estaba muy atenta a todos los movimientos jurídicos y legislativos”, explicó Pablo Voldkin, integrante del Observatorio, a Página/12.
En paralelo, el diputado Sebastián Galmarini presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer qué ocurrió con los controles durante esos diez días. Solicitó que se detalle si el Registro Nacional de Tierras Rurales dejó de emitir certificados o recibir solicitudes, si se informó a escribanos y registros que las restricciones ya no eran exigibles y cuándo se reanudaron los procedimientos habituales.
El pedido también reclama identificar las operaciones escrituradas o inscriptas durante ese período y determinar si alguna superó los límites legales o involucró cuerpos de agua y zonas de seguridad fronteriza. Entre las áreas de especial interés figuran los salares del norte, el acuífero Guaraní y las cuencas y lagos de la Patagonia.
El Gobierno busca reponer límites para proteger el DNU
La controversia se produce en la antesala de una nueva disputa parlamentaria por el DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. La oposición prepara una sesión para intentar rechazar el megadecreto, mientras el oficialismo procura sostenerlo y recuperar parte de los límites a la extranjerización mediante el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Este miércoles, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación Penal de Diputados debatirán la iniciativa, con la intención oficialista de avanzar hacia una sesión el 21 de octubre. El intento de reponer restricciones contrasta con la política desreguladora impulsada por el Gobierno y con la decisión judicial que dejó temporalmente sin efecto los límites existentes.
A ese escenario se suma el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre un programa de ciudadanía por inversión. Según la información difundida por el Gobierno, el esquema prevé dos modalidades: un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público de 800.000 dólares creado para ese fin. La administración libertaria anticipó que el programa podría comenzar a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.
La combinación de la flexibilización de las reglas sobre la tierra y la posibilidad de obtener la ciudadanía mediante inversiones abre nuevos interrogantes sobre el acceso de capitales extranjeros al territorio argentino. Mientras el Congreso discute cómo sostener o modificar las restricciones, el relevamiento del Observatorio deja planteada una pregunta concreta: qué operaciones pudieron iniciarse durante los diez días en que la protección legal de las tierras rurales quedó en suspenso.
