El juez Roberto Gallardo le ordenó al Gobierno de la Ciudad y a su jefe porteño, Jorge Macri, que se «abstenga» de validar la intervención de fuerzas de seguridad nacionales en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Esto surge a raíz de un amparo presentado por varios gremios de la CGT y UTEP «para…
Tras la resolución judicial del juez Roberto Andrés Gallardo, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires ha delineado el operativo de seguridad para la tradicional marcha de los jubilados al Congreso Nacional de este miércoles. Se ha establecido una clara división de responsabilidades: las fuerzas federales se encargarán de la custodia del Congreso, mientras que la Policía de la Ciudad estará a cargo del control y la seguridad en las calles adyacentes.
En primer lugar se implementará un vallado perimetral alrededor del Congreso. Allí, los efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se desplegarán del lado interno de este vallado, protegiendo el perímetro del edificio. La Policía de la Ciudad, por su parte, se ocupará de la gestión de la movilización en las calles, incluyendo el control del orden público y la seguridad de los manifestantes y transeúntes.
A partir del mediodía del miércoles, se implementarán cortes de tránsito en la zona del Congreso, los cuales se irán extendiendo a medida que avance la movilización. Estas medidas buscan facilitar el desarrollo de la marcha y minimizar las interrupciones en la circulación vehicular.
Como medida preventiva adicional, el martes se retiraron 160 contenedores de residuos de las inmediaciones del Congreso de la Nación y de la Avenida de Mayo. Esta acción tiene como objetivo evitar que los contenedores sean utilizados como barricadas o como elementos para generar disturbios, una práctica que se ha observado en manifestaciones anteriores.
Cabe recordar que las marchas de los miércoles de los jubilados han sido escenario de episodios de represión policial constante semanas atrás. Un ejemplo particularmente grave fue el ocurrido el 12 de marzo, cuando el fotógrafo Pablo Grillo resultó gravemente herido y aún permanece internado en terapia intensiva. Este antecedente ha generado preocupación y ha puesto de relieve la necesidad de garantizar el derecho a la protesta pacífica y el respeto a la integridad física de los manifestantes.
El fallo
Las modificaciones en el operativo de seguridad llegaron tras el fallo del juez Gallardo, encargado del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires, que le ordenó al Gobierno de la Ciudad y a su jefe porteño, Jorge Macri, que se «abstenga» de validar la intervención de fuerzas de seguridad nacionales, por fuera de los ámbitos establecidos en la Ley de Seguridad Interior, «en detrimento de la autonomía local y del rol de la Policía de la Ciudad».
Esto sucede luego de que varios gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaran amparos «para evitar la participación de fuerzas federales».
De esa manera, Gallardo sentenció que la administración de Macri sea la que esté a cargo del operativo de seguridad de este miércoles 9 que, a su vez, confluirá con la movilización del paro general, propuesto por la CGT, dónde los gremios que la componen confirmaron su adherencia a la manifestación de los jubilados.
Por otra parte, se ordenó que se garantice «la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes» en el ámbito porteño, coordinando un operativo de seguridad que deje “sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión” y que se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.
