MILEI DECRETA UN SALARIO MÍNIMO POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE INDIGENCIA

El Gobierno dispuso un aumento escalonado que lleva el haber básico a 376.600 pesos en agosto de 2026, muy lejos de la canasta básica y sin recuperar dos años de congelamiento. La suba, definida sin acuerdo en el Consejo del Salario, repercute en prestaciones sociales y futuras paritarias.

El Gobierno dispuso un aumento escalonado que lleva el haber básico a 376.600 pesos en agosto de 2026, muy lejos de la canasta básica y sin recuperar dos años de congelamiento. La suba, definida sin acuerdo en el Consejo del Salario, repercute en prestaciones sociales y futuras paritarias.

El Poder Ejecutivo oficializó un incremento mínimo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, con una suba mensual de apenas 5.400 pesos a lo largo de diez meses, luego de dos años de estancamiento. El haber básico pasará de los 322.000 pesos vigentes desde diciembre de 2023 a 376.600 pesos en agosto de 2026, un nivel que representa solo un tercio de la canasta básica total y queda incluso por debajo de la línea de indigencia, según los valores calculados para octubre.

La decisión llegó mediante una resolución de la Secretaría de Trabajo, después de que las negociaciones entre gremios y empresarios en el Consejo del Salario terminaron sin acuerdo. El Gobierno estableció así un cronograma unilateral que fija montos mensuales muy por detrás de la inflación y consolida una pérdida sostenida del poder adquisitivo. El esquema contempla ajustes progresivos entre noviembre de 2025 y agosto del año próximo, con valores por hora que avanzan desde 1.642 pesos a 1.883 pesos, muy lejos del costo real de la canasta alimentaria.

El nuevo piso salarial también impactará en prestaciones sociales, subsidios y la Prestación por Desempleo, que quedará en el 75 por ciento del mejor ingreso percibido en los seis meses previos al despido. Con este nivel, el SMVM queda por debajo del promedio que rigió en los años noventa, y establece un marco de referencia extremadamente bajo para futuras paritarias y políticas de protección laboral, en un contexto de fuerte ajuste y caída del salario real.

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