El gobierno nacional anunció este miércoles que el organismo ahora pasará a ser una subsecretaría, reduciendo sus tareas en un 50 por ciento. Como parte de esta destrucción, dos áreas completas saldrán de su órbita: el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de la ESMA
Envalentonado tras el triunfo electoral, el Gobierno nacional anunció este miércoles la reducción de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a una subsecretaría. Esta decisión, que se suma a un proceso de desguace y despidos, es una clara intención de profundizar el proyecto negacionista del terrorismo de Estado.
La noticia fue comunicada por el vocero y legislador electo Manuel Adorni, quien afirmó que «ahora sí la cartera se va a encargar de garantizar todos los derechos humanos y no defender un sector ideológico partidario». Sin embargo, Adorni no explicó cómo se logrará esta tarea con menos del 40% de su planta de trabajadores y con sus funciones paralizadas desde la asunción del presidente Javier Milei.
Minutos después, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, confirmó la novedad en un breve comunicado, aunque aún no fue oficializada en un decreto. El texto señala que «la decisión responde al compromiso del Presidente Javier Milei de achicar el Estado, eliminar el déficit y terminar con los privilegios». En este sentido, se destacó el despido de 405 «empleados militantes», lo que representa el 44% del personal heredado. Además, se precisó que la transformación a Subsecretaría «implica una reducción en un 50% de los cargos jerárquicos y direcciones vigentes, lo que permitirá un ahorro de $9.000 millones de pesos anuales».
Como parte de este proceso de desmantelamiento, dos áreas completas dejarán la órbita de la ex-Secretaría: el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de la ESMA, que este jueves cumple 10 años desde su apertura, pasarán al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), una entidad descentralizada creada por un acuerdo bilateral con la UNESCO.
Desde la llegada de La Libertad Avanza al gobierno, la única política desarrollada por la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del exjuez Alberto Baños, ha sido el desguace y la parálisis. Los primeros despidos se produjeron en marzo de 2024 y en un año y medio se ha echado a casi la mitad de los trabajadores y trabajadoras, desarmando áreas clave como la de querellas (integrada por abogados y abogadas que intervienen en causas por crímenes de lesa humanidad), el programa Verdad y Justicia, y Sitios de memoria, entre otros.
Anteriormente, el gobierno avanzó con el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y, con la excusa de una auditoría, desactivó el funcionamiento del predio de la ex ESMA y el pago de los sueldos a sus trabajadores.
Con la degradación a Subsecretaría, el gobierno recrea una situación similar a la ocurrida durante el gobierno de Carlos Menem. En aquel entonces, la Subsecretaría de Derechos Humanos, creada por Raúl Alfonsín en la vuelta de la democracia dentro del Ministerio del Interior, fue degradada a Dirección Nacional en 1991 como parte del proceso para garantizar impunidad a los genocidas tras la firma de los indultos entre 1989 y 1990.
El área recuperó el rango de Subsecretaría cinco años después, y en 1999 pasó del Ministerio del Interior al de Justicia. En 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, se elevó al rango de Secretaría y así se mantuvo por más de 23 años. Durante esas dos décadas, con idas y vueltas, fue una parte central del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina, acompañando e impulsando los juicios por crímenes de lesa humanidad, así como el reconocimiento y reparaciones a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado.
