El decreto autoriza al Gobierno a negociar con el FMI, pero genera fuertes críticas sobre su legalidad y constitucionalidad. La oposición denuncia que se avanza sin detalles claros ni consenso parlamentario.
El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza al gobierno a avanzar en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, pero se encuentra rodeada de incertidumbre, ya que no detalla ni el monto ni los plazos de la nueva deuda. Según el texto, el DNU tiene como objetivo la cancelación de deudas previas y el pago de vencimientos del acuerdo firmado en 2022, sin especificar el contenido de la negociación actual.
El decreto establece un plazo de amortización de 10 años y un período de gracia de 4 años y medio. Los fondos se destinarán exclusivamente a pagar letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central y a cubrir pagos vinculados con el acuerdo anterior. Sin embargo, la falta de transparencia generó preocupación en varios sectores.
La oposición califica al DNU como ilegal. Andrés Gil Domínguez, especialista en derecho, alertó sobre la nulidad constitucional absoluta del decreto, señalando que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para aprobar operaciones de crédito público sin la aprobación del Congreso, como exige la Constitución. El diputado nacional Juan Marino también anticipó que presentarán una denuncia penal contra Milei por avanzar con este acuerdo sin el respaldo legislativo necesario. Otros referentes, como Alejandro “Topo” Rodríguez, coincidieron en que el decreto carece de valor legal.
