El gobierno de Javier Milei consiguió blindar su segundo veto en el Congreso. La resistencia aumenta con facultades y rectorados tomados en todo el país, y un ”estudiantazo” que comienza a gestarse con paro en todas las universidades.
Tras intensas negociaciones de último momento en la Casa Rosada, con comunicaciones continuas con los gobernadores, y una serie de abstenciones y ausencias que resultaron decisivas (incluyendo algunos llamativos “malestares súbitos” detallados en la página 5), Javier Milei consiguió blindar su segundo veto en contra de lo aprobado previamente por el Congreso y de la voluntad popular. En esta ocasión, el veto fue dirigido al financiamiento de las universidades públicas, impidiendo que se aprobara una ley que garantizaba un aumento en el presupuesto, además de ajustes salariales y operativos acorde a la inflación. Sin embargo, lejos de ser una victoria definitiva, como el Gobierno lo presentó en redes sociales, este movimiento desató un conflicto que promete intensificarse.
Apenas se conoció la votación en la Cámara de Diputados, el Frente Sindical de Universidades Nacionales declaró un paro general que afecta a todas las universidades del país. Paralelamente, los estudiantes iniciaron una serie de tomas y clases públicas, que rápidamente se multiplicaron en distintas instituciones del país. Las primeras facultades en reaccionar fueron las de Filosofía y Letras, Psicología, Exactas y Veterinarias de la UBA, seguidas por universidades de Córdoba, Rosario, Mar del Plata, y otras ciudades. Incluso facultades que nunca habían sido tomadas antes, como la Universidad Nacional de La Matanza, se sumaron al movimiento.
El conflicto se agrava en medio de un contexto económico adverso, con un presupuesto universitario proyectado para el próximo año que queda muy por debajo de las necesidades planteadas por las universidades. La votación en Diputados (160 votos a favor del financiamiento contra 84 a favor del veto, junto a 5 abstenciones y 8 ausentes que inclinaron la balanza) reveló las tensiones políticas actuales. Tras el resultado, numerosos análisis coincidieron en calificar la situación como una victoria pírrica para el gobierno.
En un comunicado, el Frente Sindical de Universidades Nacionales expresó su repudio a los diputados que “votaron en contra del mandato popular” y denunció que “la voluntad popular ha sido defraudada” por el Gobierno. El Consejo Interuniversitario Nacional también criticó duramente a los legisladores que apoyaron el veto, recordando las masivas marchas en defensa de las universidades.
El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, había advertido previamente a los legisladores que el sistema universitario estaba en una situación crítica, con el 70% de los salarios docentes por debajo de la línea de pobreza. En este contexto, las tomas y protestas continúan intensificándose.
Desde su posición, el presidente Milei defendió el veto calificando la ley como un “eufemismo” para defender a “delincuentes” que, según él, se benefician del sistema educativo. Además, lanzó duras críticas a las protestas, mientras que la ministra Patricia Bullrich reforzó la retórica de “ley y orden” en redes sociales, tras un incidente con un periodista en una de las manifestaciones.
El movimiento estudiantil, en tanto, se encuentra organizando nuevas acciones en repudio al veto, que incluyen clases públicas, cortes de calles y una gran jornada de tomas simultáneas en todo el país, buscando detener lo que consideran un ataque al sistema universitario público.
