El presidente concluyó el envío de fondos para transporte a Chubut tras el fallo judicial, mientras persisten tensiones entre el Gobierno Nacional y los gobernadores por la coparticipación. Además, el Gobierno avanza con un recurso ante la Corte Suprema por la suspensión de la quita de la coparticipación.
El presidente Javier Milei resolvió la disputa con el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, al finalizar el envío de los fondos para el transporte, en respuesta a un fallo judicial previo a la reciente resolución sobre la coparticipación.
El mandatario nacional cumplió con el primer fallo del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, enviando el pago correspondiente a noviembre, un dictamen judicial anterior al más reciente.
La controversia sobre la supresión del subsidio al transporte a las provincias marcó el inicio del mandato de Milei. La administración de Torres recurrió a la Justicia y, como ocurrió este martes, obtuvo un fallo a su favor.
El fondo compensador buscaba equilibrar los recursos recibidos por Nación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con los de las provincias.
La disputa entre el Gobierno nacional y los gobernadores se agudizó a principios de mes tras el fracaso del proyecto de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, situación que Milei atribuyó a los mandatarios provinciales.
Con la tregua en marcha, los gobernadores patagónicos dejaron a un lado sus diferencias con el Presidente y lo invitaron a la cumbre del Parlamento Patagónico, programada para el 7 de marzo en Puerto Madryn, donde se discutirá la agenda productiva de la región.
La invitación formal fue enviada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, al ministro del Interior, Guillermo Francos.
Por otro lado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Gobierno Nacional presentará pronto un recurso de per saltum ante la Corte Suprema, debido al segundo fallo de Sastre que suspendió la quita de la coparticipación.
Cúneo Libarona calificó la decisión judicial como “un disparate” e indicó que se trata de “una medida inadecuada”, criticando la actuación del magistrado como “incompetencia manifiesta”.
