Bajo un fuerte operativo de seguridad, el presidente venezolano y la primera dama enfrentan este lunes una audiencia clave en Manhattan, luego de la operación que los trasladó por la fuerza desde Venezuela a Estados Unidos.
En medio de un despliegue de seguridad sin precedentes en los alrededores del tribunal federal de Manhattan, Nicolás Maduro y Cilia Flores se presentan este lunes 5 de enero ante el juez Alvin Hellerstein. La audiencia da inicio formal a un proceso judicial que no registra antecedentes en la historia reciente de las relaciones interamericanas y se produce tras el secuestro de ambos en Caracas, ocurrido el sábado pasado.
Hasta su traslado al tribunal, Maduro y Flores permanecían detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, encabezada por Pamela Bondi, prevé avanzar con la lectura de cargos y solicitar la detención permanente sin derecho a fianza, al sostener que existe riesgo de fuga y que los delitos imputados revisten extrema gravedad.
Según fuentes judiciales, el expediente incluye un volumen considerable de pruebas reunidas a lo largo de años de investigaciones, que buscan vincular a la cúpula del gobierno venezolano con una red internacional de narcotráfico y con organizaciones consideradas terroristas por Washington. La acusación apunta a demostrar que el rol de mando de Maduro resultó determinante para el funcionamiento de esas estructuras.
Al mismo tiempo, la modalidad de la operación que derivó en el traslado forzado de los acusados a Estados Unidos generó fuertes cuestionamientos políticos y jurídicos. Diversas voces señalaron que el uso del sistema judicial estadounidense en este caso forma parte de una estrategia de presión geopolítica, vinculada al control de los recursos energéticos venezolanos y, en particular, de las mayores reservas de petróleo del mundo.
La audiencia de este lunes marca apenas el primer capítulo de una disputa legal prolongada, en la que el juez Hellerstein deberá evaluar la solidez de las pruebas presentadas por la fiscalía y definir los próximos pasos del proceso, mientras crece la tensión regional por el impacto político y diplomático del secuestro y el juicio en territorio estadounidense.
