El Gobierno nacional oficializó un incremento del 2,7 % en las jubilaciones, igualando la inflación de diciembre de 2024. Con este ajuste, el haber mínimo se eleva a $273.086,50, una cifra que sigue por debajo de la línea de indigencia, estimada en $439.240 según la canasta básica familiar.
El Gobierno oficializó un incremento del 2,7 % en las jubilaciones, una suba que apenas compensa la inflación de diciembre de 2024 y que mantiene el haber mínimo muy por debajo de la línea de indigencia. Con este ajuste, la jubilación mínima pasará a ser de $273.086,50, mientras que la canasta básica para un adulto mayor se estima en $439.240, según mediciones recientes.
A pesar de la crisis económica y el constante aumento en el costo de vida, el gobierno de Javier Milei sigue sin otorgar aumentos significativos que permitan a los jubilados cubrir sus necesidades básicas. Si bien en meses anteriores se entregaron bonos extraordinarios para complementar los haberes, estos se mantienen congelados en $70.000, una cifra que no alcanza para cerrar la brecha con la inflación.
El impacto en el poder adquisitivo es evidente: según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024, la jubilación mínima perdió un 38,6 % de su valor real, lo que significa que los adultos mayores tienen cada vez menos capacidad de compra.
Montos que condenan a los jubilados a la pobreza
El ajuste oficializado también establece los siguientes valores:
– Haber máximo: $1.837.613,63
– Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $218.469,20
– Prestación Básica Universal (PBU): $124.924,61
Además, la ANSES determinó que las bases imponibles del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) serán de $91.975,48 como mínimo y $2.989.160,00 como máximo.
Una actualización que no resuelve la emergencia social
El ajuste mensual de los haberes se realiza según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), establecido por el DNU 274/24, pero esta medida sigue siendo insuficiente frente a la escalada inflacionaria y la falta de una verdadera recomposición de los ingresos de los jubilados.
Mientras los precios de los alimentos, medicamentos y servicios siguen subiendo, los jubilados enfrentan la disyuntiva de pagar sus cuentas o alimentarse adecuadamente, en un contexto donde el Gobierno aún no garantizó un bono extra que alivie la situación.