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OTRO IMPASSE Y AÚN SIN VOTAR: EL CAMINO DE LA LEY ÓMNIBUS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Mientras las fuerzas de seguridad reprimían, los desafíos se acumulaban en la Cámara de Diputados. Los debates sobre la Ley Ómnibus enfrentan obstáculos y complejas negociaciones entre el Gobierno, los gobernadores y diversos bloques políticos.

Los planes del presidente Javier Milei con respecto al tratamiento de la Ley Ómnibus volvieron a ser alterados en la noche del jueves al viernes en la Cámara de Diputados. A pesar de los avances, las diferencias irresueltas entre el Gobierno, los gobernadores y los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal, los tres conglomerados que, a diferencia del PRO, están llevando a cabo un complejo intercambio que determinará su comportamiento al momento de votar cada uno de los 386 artículos del texto, fueron el detonante.

La negociación de este jueves contó con la participación de cuatro miembros del Gabinete y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, los gestos y las concesiones no fueron suficientes, ya que cuando pasaron 37 minutos de la medianoche del jueves, el diputado Oscar Zago, presidente del bloque oficialista, propuso un receso de 10 horas, lo cual fue aprobado de inmediato. Esto ocurrió a pesar de que algunos de los presentes habían tratado de obstaculizar otro intento de suspensión horas antes, cuando se intensificó la represión policial contra la manifestación que se había congregado frente al Congreso para rechazar la aprobación del proyecto.

Así concluyó el segundo round de un debate maratónico que, con esta nueva postergación, podría extenderse hasta el sábado o la semana próxima. Si los plazos se siguen prolongando, es probable que surjan nuevos frentes de negociación para un Gobierno que necesita obtener la media sanción con rapidez, pero que no está interesado en asumir tantos costos políticos ni en abrir más ventanas de negociación al mismo tiempo. El abrupto cese de las actividades en el recinto para pasar al viernes no reflejó los avances que se habían logrado durante todo el día.

Este jueves, los negociadores del Ejecutivo volvieron a la Cámara baja, con la participación escalonada de varios funcionarios, incluyendo al titular del Banco Central, al secretario de Finanzas, al secretario de Energía, al vicejefe de Gabinete, a un asesor y al ministro del Interior, así como a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien visitó la Cámara por segunda vez en una semana.

La hermana de Javier permaneció en la Cámara por más de tres horas. Se reunió únicamente con el presidente de la Cámara, Martín Menem, con su primo Eduardo “Lule” y hasta tuvo tiempo de sentarse en el palco para invitados. Ocupó el mismo lugar que había ocupado el 10 de diciembre para presenciar, junto a sus padres, la jura de Milei como presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa.

Aunque aún no se han resuelto todos los detalles, los movimientos de este jueves dejaron algunos aspectos esperanzadores para el oficialismo en relación con el paquete de privatizaciones y una posible síntesis respecto a la cantidad y duración de las facultades delegadas, que ya han sido reducidas de 11 a 6. Sin embargo, después de la votación del receso, una fuente del PRO aseguró que esa formulación no está completa y que falta especificar los métodos para la enajenación de bienes que son de dominio público y privado.

La lista de 36 empresas que el Ejecutivo pretende vender fue reducida a 27, debido a los planteos de legisladores para excluir a las empresas públicas estratégicas y a la presión de algunos gobernadores, como Martín Llaryora de Córdoba y Maximiliano Pullaro de Santa Fe, que lograron sacar de la venta a las empresas de las universidades nacionales de Córdoba y del Litoral.

Del total de empresas, se excluyó a YPF pero se incluyeron el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A., Fabrica Argentina de Aviones (FADEA), Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Además de los cambios en el listado, se establecieron mecanismos para la intervención del Congreso a partir de tres grupos de empresas distintos, lo que podría implicar la necesidad de negociar tres mayorías diferentes en el futuro.

El alcance de la norma abarca una amplia gama de temas, y la decisión del ministro de Economía de eliminar el capítulo fiscal no aceleró el proceso como se esperaba. En la noche del jueves, uno de los temas más controvertidos fue el fiscal. Los gobernadores, especialmente los de JxC, reclaman urgentemente señales sobre la distribución del impuesto PAIS, que grava las compras en moneda extranjera y operaciones turísticas.

Este tema, que no surgió repentinamente, fue parte de otro contratiempo del Gobierno después de la reunión de Francos con los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones esta semana. El Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) no es coparticipable, pero el ministro del Interior se comprometió ante 40 testigos a repartir el 30% de esa recaudación entre las provincias. Sin embargo, Milei lo desautorizó poco después, dejando a Francos en una posición complicada entre su compromiso verbal y la desmentida posterior.

Como era de esperar, este tema volvió a surgir durante la negociación legislativa del jueves, y los diputados afines a los gobernadores se estaban preparando para incluir un artículo en la votación particular que podría complicar al gobierno.

A pesar de que Francos negó que se estuviera discutiendo ese punto, los bloques negociadores confirmaron que estaban en pleno debate y, finalmente, esta fue una de las razones para la postergación con otro receso.

Además, surgieron discrepancias sobre la Ley 27.612 de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública. El artículo 1 establece que el Presupuesto nacional de cada ejercicio debe prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras con respecto al monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio.

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