Grupos que representan a pacientes y familiares de personas con tratamientos oncológicos y otras enfermedades graves contradicen el mensaje oficial del Gobierno, denunciando más de 400 casos de problemas de acceso a medicamentos. Exigen transparencia y soluciones concretas ante la difícil situación que enfrentan los afectados.
Las agrupaciones que agrupan a pacientes y sus familias en tratamientos oncológicos y otras enfermedades críticas han emitido una carta para desmentir el mensaje del Gobierno que niega la interrupción en la distribución de medicamentos oncológicos. “Queremos expresar nuestra consternación por el comunicado”, expresaron, destacando que han documentado “más de 400 casos de pacientes con problemas de acceso a medicamentos en diferentes sectores del sistema de salud, ya sea público, de obras sociales o privado”.
Organizaciones como la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), Fundación Más Vida, Fundación Solidaridad Cáncer, Grupo Argentino de Amiloidosis, Mamás y papás contra Gliomas, entre otros, firmaron el comunicado dirigido a los ministerios de Salud y de Capital Humano. Esto se dio luego de que se difundiera el mensaje del Ministerio de Salud nacional que afirmaba que “esta administración nunca ha dejado ni dejará de entregar medicamentos oncológicos”.
“En el primer párrafo, señalan que este comunicado se debe a ‘reiteradas operaciones de prensa’, refiriéndose a los testimonios en primera persona que muchos pacientes han dado con valentía, exponiéndose a contar lo que está sucediendo con su vida y su salud debido a las demoras provocadas por la gestión actual”, exclamaron las organizaciones, en un mensaje cargado de indignación. También señalaron que la afirmación de que la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) nunca ha cerrado “no se corresponde con la realidad”.
Como ha ocurrido desde las primeras semanas de la gestión del gobierno de Javier Milei, pacientes y sus familias continúan apareciendo en los medios y tratando de hacer visible sus reclamos en las redes sociales, en busca de respuestas oficiales o incluso de donaciones de medicamentos, ante enfermedades que no esperan.
Si bien en el comunicado del Ministerio de Salud se negaba una interrupción en la entrega de medicamentos, la propia ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lo había justificado argumentando que existían compras irregulares en la gestión anterior.
“Es de conocimiento público que desde el inicio de la gestión se inició un proceso de auditoría al cual no nos oponemos. Este trámite nunca debió llevar a la suspensión de la entrega de medicamentos a los pacientes, el avance de sus expedientes, ni tampoco a las licitaciones y los pedidos de presupuesto para nuevas compras. Si antes se hacía mal, es su deber hacerlo bien y corregirlo, pero nunca suspender la entrega”, enfatizaron las organizaciones. Y agregaron: “Ningún funcionario fue designado como responsable de la Dirección, cerraron las puertas de las oficinas de la DADSE durante días hasta que los trabajadores decidieron atender al público”.
Denunciaron que han pasado “más de 60 días sin gestión, sin presupuesto, sin licitaciones, sin entregas, sin movimiento en los expedientes de los pacientes. El 28 de febrero realizaron la primera convocatoria para presentación de presupuestos para asistencia directa. No ha habido convocatorias anteriores”.
Las organizaciones de pacientes también indicaron que el 7 de marzo tuvieron una reunión con el ministro Mario Russo, quien se comprometió a “garantizar el acceso a los tratamientos, simplificar los procesos administrativos y emitir un comunicado para tranquilizar a los afectados, asegurando que recibirán la medicación a la brevedad”. Sin embargo, el comunicado emitido por su cartera fue considerado casi una burla.
“En los últimos 10 días han comenzado a atender casos, pero reducen todo el comunicado a los casos oncológicos, cuando la población que requiere tratamientos es mucho más amplia, y si bien hay patologías que no son mortales, el deterioro y el aumento de la discapacidad por falta de medicación son gravísimos. Tenemos documentados más de 400 casos de pacientes con problemas de acceso a medicamentos en diferentes ámbitos del sistema de salud, ya sea público, de obras sociales o privado”, denunciaron las entidades firmantes.
Además, solicitaron, en el marco de la Ley 27.275 de derecho de acceso a la información pública, conocer cuántos expedientes están en curso y cuántos están judicializados por los pacientes. Hasta el momento, “solo hemos recibido informes de prórroga”. Incluso, “hay pacientes con medidas cautelares judiciales a favor para recibir su medicación oncológica y el Ministerio de Salud se ha presentado para apelar la medida”.
Parafraseando el comunicado emitido por el propio Ministerio de Salud, remarcaron: “No hay razones políticas que justifiquen jugar con la desesperación de la gente que está atravesando tratamientos contra enfermedades en estos momentos”.
