El Frente Sindical Universitario rechazó la propuesta oficial por considerarla insuficiente frente a una pérdida salarial que estiman en 31,2%. La medida de fuerza es este miércoles y se suma a un nuevo revés judicial para el Gobierno, que no logró levantar la cautelar que lo obliga a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.
Las universidades nacionales vuelven a parar este miércoles ante la falta de respuestas del Gobierno de Javier Milei a los reclamos salariales y presupuestarios del sector. El Frente Sindical Universitario rechazó de manera unánime la oferta oficial de un aumento del 3% y convocó a un paro nacional de 24 horas.
La propuesta fue presentada en la reunión paritaria del martes, pero quedó muy lejos de la recomposición que reclaman los trabajadores. Los gremios exigen recuperar un 31,2% de poder adquisitivo perdido, además de incorporar la actualización correspondiente a agosto, los salarios adeudados y discutir la restitución del FONID.
“Planteamos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el Gobierno dijo que solo estaba dispuesto a pagar un 3% más”, señaló Clara Chevalier, secretaria general de CONADU. Para la dirigente, el porcentaje “no guarda anclaje con el Indec ni con nada” y constituye una provocación frente al deterioro acumulado de los salarios universitarios.
El conflicto no se limita a los sueldos. Los sindicatos también reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las becas y de los gastos de funcionamiento, fondos para los hospitales universitarios y la discusión del convenio colectivo para el sistema de preuniversitarios, incluidos el nomenclador salarial y los adicionales por posgrados.
El paro se produce además horas después de un nuevo revés judicial para el Gobierno. El juez federal Martín Cormick rechazó el pedido del Ministerio de Capital Humano para levantar la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.
El Ejecutivo había argumentado que la cautelar debía levantarse porque se habían firmado acuerdos salariales y presupuestarios con algunos gremios y con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esos acuerdos contemplaban una recomposición salarial del 24,33%, un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
Sin embargo, el CIN y los sindicatos cuestionaron que esos acuerdos no alcanzaran para cumplir con la ley. Señalaron, entre otras cosas, que no contemplaban partidas de infraestructura, los haberes de investigadores ni la actualización de la totalidad de los programas de becas.
Cormick consideró que las razones que habían motivado la cautelar siguen vigentes y que el Estado no demostró haber solucionado el deterioro salarial ni los perjuicios que atraviesan las universidades. Por eso, le dio al Gobierno tres días para presentar un informe documentado sobre el grado de cumplimiento de la medida y los acuerdos alcanzados.
El juez también dispuso reanudar el proceso para avanzar hacia una sentencia definitiva en la causa principal, mientras el conflicto salarial vuelve a escalar en las universidades.
Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) calificaron la reunión paritaria como una “farsa” y una “tomada de pelo”. “Al 3% respondamos con un paro. Basta de dilaciones. Aumento ya del 31,2%”, plantearon.
Con la huelga de este miércoles, el sistema universitario vuelve a poner en el centro de la escena el deterioro de los salarios y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en un conflicto que ahora suma un nuevo capítulo judicial.
