Un informe oficial registró más absoluciones que condenas en las sentencias dictadas durante el año. El impacto se concentró en causas emblemáticas como La Huerta y Acindar, en un contexto de retroceso de las políticas públicas de Derechos Humanos.
Durante 2025, los juicios por crímenes de lesa humanidad atravesaron el año con mayor cantidad de absoluciones desde la reapertura del proceso judicial en 2006. El dato surge del informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y refleja el efecto de dos años de ataques y desmantelamiento de áreas estatales vinculadas a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia por parte del gobierno nacional.
Según el relevamiento, entre enero y el 1 de diciembre se dictaron sentencias en 19 juicios, con 54 absoluciones y 35 condenas. A esos números se sumó lo resuelto en la causa por la Masacre del Pabellón Séptimo, que elevó el total anual a 55 absoluciones y 37 condenas. En términos históricos, desde 2006 ya fueron condenadas 1210 personas y absueltas 248, pero 2025 sobresalió por el fuerte desequilibrio entre ambos resultados.
Las decisiones más resonantes se concentraron en el último tramo del año. En octubre, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata absolvió a 27 imputados y condenó solo a ocho represores en el juicio por el circuito represivo del centro de la provincia de Buenos Aires, que investigaba delitos contra casi 200 víctimas. Un mes después, el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Rosario absolvió a los 17 acusados en la causa Acindar, por los secuestros y asesinatos de trabajadores y delegados sindicales de Villa Constitución, incluidos directivos civiles de la empresa para quienes la fiscalía y las querellas habían solicitado prisión perpetua.
El informe también expuso problemas estructurales del proceso judicial, como el uso extendido de la prisión domiciliaria —que alcanza al 83% de los condenados y al 90% de los procesados— y las demoras en las instancias recursivas. El tiempo promedio de una causa desde la elevación a juicio hasta la firmeza de la sentencia llegó a 6 años y 2 meses, con más de cuatro años concentrados en la revisión por tribunales superiores. A esto se suma que más de la mitad de las sentencias dictadas desde 2006 aún no se encuentran firmes, un escenario que refuerza la impunidad y profundiza el retroceso en el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado.
