Mediante nueve resoluciones, la Secretaría de Energía definió los nuevos precios mayoristas y de transporte que regirán desde enero. El esquema consolida la actualización automática por inflación y avanza en una reducción de subsidios que impactará con más fuerza en los hogares de ingresos bajos y medios.
En los últimos días de 2025, el Gobierno nacional dejó definido el marco tarifario que regirá a partir del 1° de enero de 2026. A través de un paquete de resoluciones publicadas por la Secretaría de Energía, el Ejecutivo puso en funcionamiento un mecanismo de indexación permanente para las tarifas de luz y gas, con el objetivo declarado de evitar atrasos frente a la evolución general de los precios y reducir el peso fiscal de los subsidios.
En el caso del gas, la Resolución 605/2025 fijó un nuevo Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que implicará un aumento inicial del 0,53% en las facturas residenciales de enero. Ese ajuste constituye solo una parte del incremento final, ya que en las próximas horas los entes reguladores definirán los nuevos cuadros tarifarios de transporte y distribución, que terminarán de determinar el impacto total en los usuarios. En paralelo, otra resolución introdujo modificaciones al Plan Gas A, asegurando compensaciones estatales a las productoras por los volúmenes comprometidos.
Para la electricidad, el Gobierno estableció los valores que regirán durante el primer trimestre del próximo año. A partir de diciembre quedó fijado un nuevo precio spot en el Mercado Eléctrico Mayorista, mientras que otra norma definió los precios de referencia entre enero y abril de 2026. En los considerandos, el Ejecutivo instruyó a mantener las tarifas “constantes en términos reales”, una formulación que, en la práctica, habilita ajustes periódicos atados a la inflación.
El nuevo esquema también profundiza el cambio en la política de subsidios. La Secretaría de Energía dispuso que las bonificaciones para los usuarios de ingresos bajos y medios converjan progresivamente hacia los valores que pagan los sectores de mayores recursos. Aunque se mantengan descuentos porcentuales, la base tarifaria será común, lo que implica una transferencia creciente del costo de los servicios públicos a los hogares con menor capacidad de pago y refuerza el peso de las tarifas en el presupuesto familiar de 2026.
