Preocupa la situación de las más de 18 millones de hectáreas de parques nacionales y áreas protegidas en Argentina que se encuentran en peligro debido a las medidas recientes del gobierno. Se plantea la posibilidad de despidos, justo antes de la llegada de los calores del verano. La comunidad de conservacionistas y científicos alerta sobre posibles consecuencias ambientales.
Lejos de las grandes ciudades, el territorio argentino alberga 18.275.722 hectáreas de parques nacionales y áreas protegidas. Estas áreas, hasta ahora bajo la conservación, protección y cogestión de la Administración de Parques Nacionales (APN), enfrentan desafíos significativos debido a los Decretos de Necesidad y Urgencia 70/23, 84/23 y el proyecto de Ley Ómnibus.
El DNU 70/23 derogó la Ley de Tierras Rurales, mientras que el proyecto de Ley Ómnibus busca modificar las leyes de Bosques nativos, desfinanciándola y permitiendo el desmonte. Otros decretos abren la puerta a la quema intencional de campos y permiten la actividad minera en zonas de glaciares. Estas medidas impactan directamente en el funcionamiento y continuidad de la APN, poniendo en riesgo la existencia misma de una autoridad regulatoria para los Parques Nacionales.
Con 2300 trabajadores, la mitad de ellos en planta permanente, los Parques Nacionales desempeñan funciones esenciales, desde investigaciones científicas hasta acciones en incendios forestales. Sin embargo, el DNU 84/23 afecta la continuidad laboral de 246 personas y limita la vigencia de otros contratos, generando incertidumbre en un momento crítico.
Los trabajadores, conscientes de la importancia de su labor, alertan sobre el impacto de estas medidas en la conservación del medio ambiente. Alejo Fardjoume, trabajador del Parque Nacional Lanín, advierte que recortar personal de conservación es una puerta abierta al ecocidio, y destaca que estas acciones contradicen las metas de desarrollo sostenible planteadas por la ONU.
La creación de los primeros Parques Nacionales en 1903, como el Nahuel Huapi, fue un acto de contribución a la soberanía nacional y la protección de los recursos naturales. Sin embargo, las medidas actuales amenazan con convertir estos espacios en lugares exclusivos para aquellos con recursos económicos, socavando su accesibilidad para todos.
