Desde el martes, por una medida de la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad, no funciona este tipo de transporte. La medida afecta a 30 mil choferes.
La Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad, que agrupa a alrededor de 30 mil conductores en todo el país, ha dejado de brindar servicios de traslado a unos 230 mil pacientes desde el pasado martes, primer día hábil del año. Esta decisión se debe a la imposibilidad de afrontar los significativos aumentos en el costo de la nafta. Aunque se mantienen guardias mínimas para casos de mayor riesgo, el gremio espera una respuesta del oficialismo este viernes y, de no recibirla, considerará la profundización de un plan de lucha en una asamblea el sábado.
Pablo Bolego, vicepresidente de la Federación, explicó que, a lo largo del último año, han estado solicitando la actualización de los aranceles por kilómetro recorrido en el transporte de personas con discapacidad para hacer frente a la inflación. Sin embargo, los bruscos aumentos en el combustible en diciembre, que llevaron el precio del litro a 1.032 pesos en el interior del país, hacen inviable la continuidad del servicio. Bolego enfatizó que se trata de una suspensión casi involuntaria, ya que no cuentan con los recursos para abastecer de combustible a sus unidades.
Este servicio es esencial para personas con discapacidad, que son trasladadas diariamente en vehículos especialmente adaptados. La ley 24.901 garantiza estos traslados, que abarcan centros de día, lugares de rehabilitación y escuelas, respaldados por obras sociales, prepagas y el Estado para quienes no cuentan con ninguna de estas opciones.
La situación se agrava por la reciente asunción del nuevo presidente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien, según Bolego, deberá actuar rápidamente para definir aumentos acordes a las necesidades del sector, que enfrenta un aumento del 120%.
Tras presentar notas en diversos organismos y ser convocados a una reunión con la ANDIS, los representantes de la Federación esperan soluciones en las próximas 48 horas. De no recibirlas, podrían considerar un plan de lucha con asambleas en distintas provincias a partir del sábado. La incertidumbre afecta no solo a los choferes, sino también a las personas con discapacidad, profesionales y al sistema en su conjunto.
