Mientras en el primer trimestre los jubilados se ajustarán según la fórmula anterior, las actualizaciones a partir de abril estarán vinculadas al índice de precios al consumidor (IPC). Esta medida genera preocupación sobre la posible pérdida de poder adquisitivo para los jubilados y plantea cuestionamientos sobre la “sustentabilidad” del sistema previsional.
El Gobierno implementó cambios en la ley ómnibus, incluyendo una nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones a partir de abril. En el primer trimestre, los jubilados percibirán ajustes basados en la fórmula anterior, mientras que desde abril la actualización estará vinculada al índice de precios al consumidor (IPC) medido por el INDEC. La modificación ha suscitado preguntas sobre la posible pérdida de poder adquisitivo para los adultos mayores y la “sustentabilidad” del nuevo enfoque en el sistema previsional.
La propuesta garantiza un ajuste trimestral en marzo según la fórmula actual, seguido de una actualización automática mensual basada en el último dato de inflación disponible del INDEC a partir de abril. Sin embargo, no queda claro si habrá bonos adicionales en este trimestre para compensar la pérdida. Expertos han señalado que, en el contexto actual de inflación, la fórmula actual implica una disminución de los ingresos de los jubilados en el primer trimestre, y las opiniones difieren sobre si la nueva fórmula es sostenible.
Además, se debate la posibilidad de una “emergencia” en el ámbito previsional que otorgaría al Poder Ejecutivo la facultad de modificar la fórmula ajustada al IPC a partir de abril. El proyecto también propone liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y transferirlo al Tesoro, planteando interrogantes sobre la “sustentabilidad” del sistema de Seguridad Social. La discusión se centra en si el Tesoro podrá financiar la diferencia entre la recaudación previsional y la inversión en las jubilaciones, y se destaca que la “sustentabilidad” es una decisión política.
