En una larga sesión que culminó a la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos clave: uno que obliga a garantizar la continuidad de las clases durante huelgas docentes y otro que establece un nuevo mecanismo de financiamiento para las universidades basado en el Índice de Precios al Consumidor. Ambos proyectos avanzan al Senado para su consideración final.
En una extensa sesión que comenzó el miércoles y se extendió hasta la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó dos importantes proyectos educativos. A las 3 de la mañana, se votó la iniciativa del diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, que generó controversia entre algunos sectores de la oposición, ya que establece la obligación de garantizar la continuidad de las clases durante los paros docentes. El proyecto, que ahora pasa al Senado de la Nación, obtuvo 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones, correspondientes a Fernando Carbajal (UCR) y Mónica Frade (Coalición Cívica).
En otra votación, por la mañana, la oposición logró aprobar el proyecto de financiamiento para las Universidades Nacionales. Esta iniciativa establece un mecanismo salarial para el personal universitario basado en el Índice de Precios al Consumidor, en un contexto de conflicto en la educación superior con paros docentes a nivel nacional. Este proyecto, que también será enviado al Senado, fue respaldado por los bloques de la UCR, Encuentro Federal y Unión por la Patria, tras recibir aportes de representantes del sector universitario.
Educación como Servicio Estratégico Esencial
El proyecto que declara a la educación como un servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades escolares ha sido impulsado por el PRO desde la post-pandemia. La iniciativa busca abordar las críticas surgidas durante el cierre prolongado de escuelas. Según el proyecto, el Estado Nacional y las provincias deberán asegurar el derecho a la educación durante todo el ciclo lectivo, incluso durante los días afectados por huelgas. Para ello, se deberán implementar guardias mínimas obligatorias. Si una huelga dura entre uno y dos días, se requerirá una guardia mínima del 30% del personal, y si se extiende más de tres días, la guardia deberá incluir al 50% del personal directivo, docente y no docente. Además, cada colegio deberá informar al inicio del ciclo lectivo sobre el servicio de guardias que se implementará.
El proyecto recibió el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO y otros bloques dialoguistas como la UCR, la Coalición Cívica y el bloque de Innovación Federal. También contaron con el respaldo de dos diputados de Unión por la Patria: Liliana Paponet y Guillermo Snopek. En oposición, se manifestaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, mientras que el bloque Encuentro Federal se dividió, con votos en contra de Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer, además de los radicales Pablo Juliano, Facundo Manes y Roxana Reyes.
Finocchiaro, como miembro informante, argumentó que el proyecto busca equilibrar el derecho a la educación y el derecho a la huelga, afirmando que las escuelas deben permanecer abiertas y garantizar que se brinden clases y otros derechos esenciales como la alimentación.
Desde la oposición, la diputada Blanca Osuna criticó el proyecto por considerar que busca regular el derecho de huelga y desvió la atención de problemas más graves como el hambre y la nutrición en el país.
Financiamiento Universitario
Por otro lado, el proyecto aprobado para el financiamiento de las Universidades Nacionales también pasó al Senado después de ser incluido en el temario el miércoles por la mañana. La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar cada dos meses los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades en función de la inflación, retroactivos desde enero hasta diciembre de este año. La votación finalizó con 143 votos a favor y 77 en contra, en medio de recortes presupuestarios al sector universitario desde la asunción del gobierno de Javier Milei.
Blanca Osuna de Unión por la Patria definió la situación como una emergencia que expone a las universidades a un alto riesgo, mientras que la radical Danya Tavela criticó el retraso en la resolución del conflicto y el ajuste en gastos superfluos.
Por su parte, el diputado José Luis Espert de La Libertad Avanza desestimó las críticas al afirmar que el gobierno está incrementando significativamente las partidas para las universidades, con un aumento del 120% en comparación con el año anterior.
