El Gobierno, que busca evitar un costo político previo a las elecciones, evalúa si dilatar el tratamiento o acelerarlo para blindar el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad y el aumento de las jubilaciones.
La agenda parlamentaria del Senado argentino se encuentra en un punto de inflexión. Tres proyectos de ley, aprobados en la Cámara de Diputados a principios de junio y que buscan revertir el ajuste en áreas sensibles como jubilaciones y discapacidad, se topan con la férrea oposición del Gobierno de Javier Milei. El presidente prometió vetar estas iniciativas, argumentando que atentan contra el déficit cero, pero el camino para lograrlo en el Senado es complejo y lleno de incertidumbre.
La detención de la expresidenta Cristina Kirchner y los feriados de la semana pasada contribuyeron a demorar el tratamiento de estos proyectos, que representan un desafío significativo para el oficialismo en la Cámara alta. Sin embargo, desde Casa Rosada, aún no hay una señal clara sobre la estrategia a seguir: dilatar al máximo el debate para que la sanción, y un posible veto, queden cerca de las elecciones nacionales, o apurarlo para «sacarse el tema de encima».
Los proyectos que incomodan a Milei abordan temas de alto impacto social. Uno de ellos propone una recomposición de los haberes previsionales, fuertemente afectados por la política de «motosierra» del actual gobierno. Asimismo, se avaló la prórroga de la moratoria previsional, crucial para la inmensa mayoría de los argentinos al momento de jubilarse. Finalmente, la Emergencia en Discapacidad busca regularizar pagos, actualizar aranceles para prestadores y modificar el sistema de pensiones no contributivas.
Frenar estas iniciativas implicará, para el Presidente, pagar un alto costo político en la previa a las próximas elecciones nacionales. La oposición, consciente de esta situación, parece decidida a avanzar.
El panorama en el Senado no es auspicioso para el oficialismo. Unión por la Patria (UP) cuenta con 34 de las 72 bancas, lo que les otorga una posición de fuerza. A esto se suma que en los bloques «dialoguistas» —UCR, PRO y bancadas provinciales— existen legisladores que, si bien no tienen una postura unificada, simpatizan con el espíritu de al menos algunos de los proyectos.
Los senadores de UP, siguiendo el «mandato» de Cristina Kirchner de «estar al lado, resolver y representar los problemas que tienen los argentinos», ratificaron que acompañarán los textos que ya tienen media sanción de Diputados. Sin embargo, la mayoría de las comisiones por las que deben pasar los proyectos están presididas por libertarios o aliados al Gobierno, lo que significa que las convocatorias para el debate estarán atadas a las decisiones de la Casa Rosada.
Fuentes del Senado señalan que la clave radica en lo que el Gobierno decida hacer. Una opción es acelerar el debate para que las leyes se sancionen a mediados de julio. La otra es «estirar al máximo posible y que esto recién salga en agosto, y que queden cerca de las elecciones». Una tercera vía, que permitiría dilatar el tratamiento, sería que el oficialismo logre el aval de los «dialoguistas» para aprobar los proyectos con modificaciones, obligándolos a regresar a Diputados.
La capacidad del oficialismo para blindar un veto presidencial en el Senado requiere de 87 votos, una cifra que La Libertad Avanza logró reunir en el pasado para otras iniciativas. Sin embargo, el escenario actual parece más complejo.
Para el proyecto de Emergencia en Discapacidad, la oposición lo aprobó con dos tercios en Diputados, y solo 71 diputados rechazaron el texto. Esto significa que el Gobierno necesitaría sumar 16 voluntades en el Senado para sostener un veto.
El proyecto de ajuste de haberes previsionales también obtuvo un amplio respaldo en Diputados (142 votos a favor). El que menos resistencia generaría para un eventual veto sería el de la moratoria previsional, que tuvo 100 votos en contra en la Cámara baja, superando los 87 necesarios para blindar un rechazo.
El vínculo con el PRO, que antes se alineaba de forma «incondicional» con los libertarios, ya no es el mismo. La división interna en el bloque amarillo en Diputados, con figuras como Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal despegándose del ala bullrichista, podría replicarse en el Senado.
Además, los bloques provinciales, que en el pasado fueron aliados del Gobierno, muestran señales de un posible cambio de rumbo. Los diputados de Independencia (Tucumán), por ejemplo, si bien no dieron quorum en la última sesión, luego votaron a favor de los tres proyectos, buscando «llegar despegado a las elecciones nacionales». Lo mismo ocurre con legisladores misioneros y rionegrinos de Innovación Federal, quienes se ausentaron en la sesión.
La cercanía del calendario electoral y la incertidumbre sobre el futuro político de aquellos legisladores y gobernadores que buscaron congraciarse con Milei, y que quizás no sean tenidos en cuenta por «la lapicera de Karina Milei», también jugarán un rol crucial. La clave, según algunos, estará en el cierre de alianzas el 7 de agosto.
