Estudian iniciativas para modificar la legislación laboral, con el objetivo de enviar proyectos al Congreso en diciembre, cuando intuyen un mejor número en ambas cámaras.
El Ejecutivo está preparando una serie de proyectos destinados a reformar la legislación laboral, con la intención de presentarlos en el Congreso durante diciembre, para que formen parte de la agenda legislativa prevista para la segunda mitad del mandato (esperan un número màs favorable de legisladores en el Congreso). En 2023, con la aprobación de la Ley Bases, se introdujeron cambios en la legislación laboral que incluyeron la promoción del empleo registrado, la creación de una figura para trabajadores independientes con colaboradores y ajustes en las indemnizaciones por despido.
Acusan, fuentes cercanas al gobierno y desde el sector empresarial, un crecimiento de juicios laborales, que habrían alcanzando en 2024 un récord de 125.842 casos, un 7% más que el año anterior, y con proyecciones que indican un aumento para 2025. Esta situación, indican, afecta particularmente a las pequeñas y medianas empresas (PyMES), muchas de las cuales enfrentan litigios que impactan directamente en su operatividad y en la generación de empleo formal.
Desde el gobierno, destacan casos en los que intervino la Corte Suprema, donde las sentencias laborales alcanzaron montos elevados y fueron consideradas excesivas. Fallos como los de “Oliva” y “Lacuadra” cuestionaron indemnizaciones que multiplicaron varias veces el valor original del reclamo y ordenaron revisiones, aunque estas decisiones no son vinculantes para todos los tribunales inferiores, lo que genera disparidad en la aplicación de la justicia laboral.
Las modificaciones propuestas pretenden reducir la litigiosidad, facilitar la formalización laboral y aliviar las cargas que enfrentan las pymes para mantener sus actividades y empleos. El objetivo, indican, es generar un marco legal que incentive la creación y sostenimiento del empleo registrado, evitando situaciones que perjudiquen tanto a trabajadores como a empleadores. Sin embargo, tienden a encubrirse, desde esas posturas, que hay elementos que podrían consistir en perjuicio de los trabajadores, que encuentran un mercado laboral con informalidad creciente y un poder adquisitivo diezmado desde el inicio del gobierno de Milei.
