Un DNU firmado por Javier Milei centraliza el sistema de inteligencia, amplía facultades operativas, declara “encubiertas” todas las actividades del sector y redefine el concepto de riesgo estratégico. La norma avanza sin debate parlamentario y ya genera fuertes cuestionamientos políticos.
En las últimas horas de 2025, el Poder Ejecutivo dictó un decreto de necesidad y urgencia que introduce una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520). El texto —aún no publicado en el Boletín Oficial— reorganiza todo el esquema del sector y coloca a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) como eje excluyente del sistema. La modificación se apoya en un nuevo marco conceptual: la noción de “riesgo estratégico nacional”, que amplía de forma significativa el campo de acción de los organismos de inteligencia.
Entre los cambios centrales, el decreto otorga a la SIDE la conducción directa del Sistema de Inteligencia Nacional, con control sobre la planificación, la coordinación operativa y el manejo presupuestario, incluidos los gastos reservados. Además, la secretaría queda habilitada para requerir información a todos los organismos del Estado, tanto nacionales como provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. El texto también le reconoce la facultad de “aprehender” personas en situación de flagrancia o por orden judicial, una atribución que profundiza el perfil operativo del organismo.
El DNU 941/25 redefine la estructura institucional del área. La actual Agencia de Seguridad Nacional se transforma en Agencia Nacional de Contrainteligencia, con competencias amplias para prevenir supuestas amenazas como espionaje, sabotaje, injerencias externas u operaciones de influencia que afecten el orden constitucional o los “intereses estratégicos del país”. La redacción abierta de estos conceptos concentra aún más poder en el núcleo del sistema de inteligencia.
En el plano digital, la norma separa ciberseguridad y ciberinteligencia. Por un lado, crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, encargado de proteger infraestructuras críticas, activos digitales y servicios públicos esenciales. Por otro, la ex Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, que queda bajo control directo de la SIDE y se enfoca exclusivamente en tareas de inteligencia en el ciberespacio. La reconfiguración también implica el traspaso de bienes, personal y patrimonio entre organismos.
Uno de los artículos más controvertidos establece que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto, por su sensibilidad y para “minimizar el riesgo estratégico nacional”. De este modo, el decreto formaliza un régimen de reserva generalizada que amplía las zonas opacas del Estado. A la vez, crea dos instancias de coordinación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que articula a los organismos de espionaje con áreas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y la Comunidad Informativa Nacional, que integra a ministerios y entes con capacidad de producir información estratégica, como Migraciones, Aduanas y organismos del sector nuclear. En ambos casos, la SIDE define procedimientos y flujos de información.
El Gobierno justificó el uso del DNU al sostener que el trámite legislativo resultaría “lento” y podría impedir una respuesta oportuna ante amenazas. Remarcó que la Comisión Bicameral del Congreso mantiene la facultad de expedirse sobre la validez del decreto, aunque la reforma ya rige sin discusión parlamentaria previa.
Las reacciones no tardaron en llegar. El diputado Esteban Paulón advirtió que la norma “generaliza un estado de sospecha” y concentra competencias sensibles en áreas bajo control político directo. Ricardo Alfonsín expresó su preocupación por una modificación realizada “entre gallos y medianoche”, mientras que Jorge Taiana alertó sobre el avance hacia “un Estado policial”, con riesgos para derechos y libertades. También cuestionó la reorganización de la inteligencia militar y el debilitamiento del control civil, al entender que el decreto profundiza una lógica de seguridad interna que desdibuja los límites entre defensa, espionaje y control social.
