Las lluvias trajeron alivio parcial y lograron contener los grandes frentes, pero persisten focos activos y continúa el trabajo de brigadistas. El fiscal general de Chubut confirmó la hipótesis de inicio intencional, aunque descartó de plano las versiones que circularon sobre comunidades mapuches o ciudadanos israelíes.
La lluvia llegó antes de lo previsto y dio un respiro en una Patagonia castigada por el fuego desde mediados de diciembre. El aguacero, intenso y prolongado durante más de tres horas, permitió aplacar las llamas de mayor magnitud, aunque no puso fin a la emergencia. Aún permanecen focos activos y se mantiene el riesgo de rebrotes, por lo que brigadistas, bomberos voluntarios y vecinos continúan desplegados en las zonas afectadas.
Según datos difundidos por Greenpeace, los incendios ya consumieron unas 21.000 hectáreas de bosques, una extensión comparable a la de la Ciudad de Buenos Aires. El relevamiento incluye 12.000 hectáreas en El Hoyo y Epuyén, 6.000 en el Parque Nacional Los Alerces y 3.000 en El Turbio. Mientras los dos primeros focos seguían activos, el tercero permanecía controlado en un 90 por ciento. Tras las lluvias, comenzó la llamada “guardia de cenizas”, una etapa clave para evitar que brasas ocultas en troncos y raíces reactiven el fuego.
Desde la organización ambientalista advirtieron que se trata de un “ecocidio anunciado”, producto de una combinación de sequía prolongada, altas temperaturas, vientos intensos y la presencia de pinos exóticos altamente inflamables, en el marco de la crisis climática. Greenpeace recordó que durante el verano anterior se habían quemado casi 32.000 hectáreas de bosques andino-patagónicos, cuatro veces más que en la temporada previa, y alertó por la escasez de brigadistas: apenas 400 para cubrir cinco millones de hectáreas bajo jurisdicción de Parques Nacionales, cuando el mínimo necesario rondaría los 700.
La intencionalidad aparece como la principal línea de investigación, aunque las autoridades judiciales rechazaron las acusaciones difundidas en redes sociales y amplificadas desde el Gobierno nacional. El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, sostuvo que “hay muchas cosas en los medios que no están en la realidad objetiva de la causa” y descartó de manera tajante cualquier vínculo con comunidades mapuches o ciudadanos israelíes. “Está totalmente alejado de la realidad”, remarcó.
En paralelo, brigadistas de distintos Parques Nacionales volvieron a denunciar la precariedad laboral con la que enfrentan los incendios. Reclamaron salarios dignos, estabilidad y una jubilación acorde, y recordaron que el Estado nacional redujo el número de combatientes del fuego, a quienes paga 850 mil pesos mediante contratos trimestrales. En un escenario de emergencia ambiental persistente, advirtieron que la falta de recursos y planificación agrava el impacto de cada temporada de incendios.
