EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD: PIDEN SANCIONES AL GOBIERNO POR DESOBEDECER UN FALLO JUDICIAL

La abogada Marta Lastra reclamó ante la Justicia la ejecución de la sentencia que obliga al Ejecutivo a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad y advirtió que el incumplimiento vulnera derechos básicos del colectivo, prestadores e instituciones.

La abogada Marta Lastra reclamó ante la Justicia la ejecución de la sentencia que obliga al Ejecutivo a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad y advirtió que el incumplimiento vulnera derechos básicos del colectivo, prestadores e instituciones.

La abogada cordobesa Marta Lastra denunció el incumplimiento del fallo judicial que ordenó al Gobierno nacional poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad y solicitó la ejecución de la sentencia ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La presentación apunta contra el Ejecutivo por no aplicar una norma vigente, aprobada y ratificada por el Congreso con amplia mayoría.

Lastra, referente en materia de discapacidad del espacio Defendamos Córdoba, actora del amparo colectivo que dio origen al fallo y madre de un niño con discapacidad, sostuvo que el Gobierno de Javier Milei incurre en maniobras dilatorias para evitar cumplir la ley. En ese marco, dejó planteada la posibilidad de llevar el caso ante la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario si persiste la desobediencia judicial.

En su escrito, la abogada afirmó que la conducta oficial “atenta contra el colectivo de la discapacidad, los prestadores, las instituciones, transportistas y las ONG”, y cuestionó el argumento del Ejecutivo, que alega la falta de reglamentación como excusa para no aplicar la norma. Según remarcó, no resulta indispensable reglamentar para adoptar medidas urgentes, como otorgar alivio impositivo a instituciones al borde del cierre, restituir pensiones no contributivas dadas de baja o actualizar el nomenclador de prestaciones en los porcentajes mínimos que fija la ley.

Lastra también recordó que el propio Estado actualizó aranceles de manera parcial, lo que demuestra —según señaló— que la reglamentación invocada “funciona como una excusa dilatoria”. “El Estado puede ordenar a los organismos correspondientes que acompañen a las instituciones, dar de alta pensiones y actualizar haberes sin ningún trámite adicional”, afirmó. Y concluyó: “Ante este incumplimiento flagrante, promuevo la ejecución de la sentencia y denuncio formalmente la desobediencia”.

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