Las federaciones gremiales anunciaron una huelga para el inicio del ciclo lectivo en reclamo de recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Señalan que el poder adquisitivo docente cayó más del 50% desde 2023 y advierten que el conflicto podría escalar.
El ciclo lectivo en las universidades nacionales comenzará atravesado por un fuerte conflicto salarial y presupuestario. Las federaciones docentes resolvieron convocar a un paro de una semana para reclamar la recomposición de los salarios y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que obliga al Ejecutivo a retrotraer ingresos y presupuesto a valores de 2023. Según los sindicatos, más de 100 mil docentes enfrentan una caída histórica de su poder adquisitivo.
De acuerdo con estimaciones elaboradas a partir de datos del Indec, los salarios docentes perdieron un 53% de su capacidad de compra desde fines de 2023, una caída superior a la registrada en otros sectores del empleo público. La situación se agrava en los cargos de menor dedicación: un jefe de trabajos prácticos con dedicación simple y diez años de antigüedad pasó de poder comprar el equivalente a 43 kilos de asado a apenas 22. Además, la garantía salarial para cargos de 10 horas semanales permanece congelada desde hace más de un año en 259 mil pesos.
El deterioro salarial se inscribe en un ajuste más amplio sobre el sistema universitario. Según cálculos sindicales, el financiamiento de la educación superior pasó de 0,72% del PBI en 2023 a 0,51% en 2025, muy por debajo del 0,85% que representaba una década atrás. El recorte impacta en becas estudiantiles, mantenimiento edilicio, pago de servicios y funcionamiento de laboratorios y hospitales universitarios, además de los salarios, que representan cerca del 90% del presupuesto del sistema.
Las organizaciones docentes resolvieron iniciar el plan de lucha con un paro de una semana, aunque en numerosas asambleas comenzó a crecer la presión por una huelga por tiempo indeterminado si el gobierno no abre una negociación. Ese planteo fue respaldado por asambleas en universidades como UBA, La Plata, Córdoba, Quilmes, General Sarmiento y Río Cuarto, entre otras.
El conflicto también tiene un trasfondo institucional. El Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario y rechazó un veto presidencial, lo que dejó la norma vigente. Sin embargo, los gremios sostienen que el Ejecutivo no aplicó lo dispuesto por el Parlamento, una situación que derivó en reclamos judiciales. En ese contexto, el sistema universitario público, que reúne a más de dos millones de estudiantes, se encamina a un inicio de clases marcado por la disputa por los recursos.
